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INTRODUCCIÓN .-
La
Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de
Justicia Penal de la República de Nicaragua,
LEY No. 406,
publicada en la Gaceta
Diario Oficial
No. 243 del
21 de Diciembre y No 244 del 24 de Diciembre del año 2001
con la finalidad de apoyar y desarrollar las actividades que se
determinen para cumplir las atribuciones establecidas en los
artículos 415 al 417 del Código Procesal Penal.
Capitulo Único
De la Coordinación Interinstitucional.
Artículo 415.- Comisión Nacional.
Crease la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional del
Sistema de Justicia Penal de la República, la que estará integrada
por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el de su Sala
Penal, el Fiscal General de la República, el Presidente de la
Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el Procurador para la
Defensa de los Derechos Humanos, el Director de la Defensoría
Pública, el Director Nacional de la Policía Nacional, el Director de
la Auditoría Militar, el Director del Instituto de Medicina Legal y
el Director del Sistema Penitenciario Nacional. La Comisión elegirá
anualmente de su seno un Coordinador y un Secretario y se reunirá
trimestralmente
en forma ordinaria y extraordinariamente cuando así lo considere.
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Importancia, Atribuciones y
Funciones de la Comisión Nacional de Coordinación Interinstitucional
del Sistema de Justicia Penal de la República de Nicaragua
El buen
funcionamiento del sistema judicial penal depende también del
correcto desempeño de todas las instituciones que lo conforman y de
la coordinación entre sí.
Al no
haber existido en la historia del país una institución que coordine
al más alto nivel, es comprensible la dispersión de esfuerzos y
recursos, la contradicción y a veces conflicto en las instituciones
y la falta de concurso productivo de esfuerzos comunes en el
cumplimiento de las atribuciones asignadas en el ordenamiento
jurídico.
Resolviendo esta deficiencia histórica, se creó la Comisión Nacional
de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal. La
importancia de esta nueva institución hace necesario garantizar su
permanencia, funcionamiento y sus atribuciones.
Esto con
el fi n de permitir el fomentar la interacción institucional y el
concurso coherente y coordinado de las mismas para la implementación
y modernización del sector. Su fundamento legal está en los
artículos 415, 416 y 417 del Código Procesal Penal. Así mismo,
mandan la creación de comisiones departamentales y municipales de
los funcionarios del sector en cada localidad.
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METAS Y ESTRATEGIAS
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Fortalecer la operatividad de las funciones de la Comisión
Nacional para el cumplimiento de sus atribuciones, mediante la
dotación de espacios físicos, personal y equipamiento adecuado
para su funcionamiento, con su correspondiente presupuesto. Seis
meses después de su constitución.
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Formulación de un plan sectorial a corto plazo para crear las
condiciones necesarias para la entrada en vigencia del nuevo
Código Procesal Penal, tres meses después de su constitución,
mediante la creación de la Comisión Técnica y su apoyo para la
elaboración (cuatro meses) e implementación de un plan operativo
(9 meses) del Código Procesal Penal.
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Formulación
de un plan anual sectorial a mediano plazo, para crear las
condiciones necesarias que consoliden el trabajo de
planeamiento, coordinación y ejecución de acciones de todo el
sistema judicial, apoyándose en la Comisión Técnica, prioridades
políticas, respondiendo a resultados de evaluaciones y
experiencias y consultas a usuarios del sector. Además la
elaboración, seguimiento y ejecución de planes operativos
anuales, que incorporen herramientas de evaluación trimestrales
y semestrales, que permitan realizar ajustes, formular
recomendaciones sobre dichos planes y la aplicación correcta del
nuevo código.
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Nacional (primer trimestre)
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Optimizar recursos del sector justicia por medio de acciones
coordinadas, para maximizar los recursos y evitar la dispersión
y duplicidad en áreas de: - Capacitación: mediante el diseño e
implementación de metodologías dirigidas a la formulación y
seguimiento de procesos de capacitación integrales, que engloben
al sistema judicial penal;
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Infraestructura: mediante el uso óptimo de espacios
existentes, por alquilar o construir.
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Sistemas informáticos: mediante el desarrollo de redes de
comunicaciones o de sistemas de información interinstitucional.
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