Producto de estos diagnósticos los aspectos actuales, más negativos, del sistema de administración de justicia en Nicaragua, se pueden identificar como los siguientes: lentitud, incertidumbre, la excesiva complejidad, inaccesibilidad y una relación muy alta costo/beneficio. Por otra parte, la falta de una inadecuada identificación del problema, las soluciones opuestas pasan casi siempre por aumentar el número de jueces y funcionarios, equipamiento y nuevos códigos.Frecuentemente, se piensa que estas medidas producirán automáticamente los resultados esperados, incidiendo positivamente en los aspectos antes mencionados, pero, las dimensiones y la estructura del Poder Judicial, lo impide y mas bien, crece de manera irracional, creándose nuevos conflictos y nuevas dificultades.

Sin embargo, gran parte de los problemas tienen su raíz en los modelos existentes sobre la gestión y el manejo de casos. Lo que ha ocasionado que muchos de los cambios que pueden resolver estos problemas están siendo generados desde el interior del Poder Judicial sin aumentar sustancialmente el presupuesto ni recurrir a reformas legislativas. Para poder diseñar, estos cambios, desde el interior ha resultado necesaria la disposición de información básica y estadística que pueda ser analizada conjuntamente con jueces y funcionarios y contrastada con las experiencias realizadas en otras jurisdicciones.

El Poder Judicial ha ideado medios administrativos y gerenciales impulsando la creación de la Dirección de Gestión de Despachos Judiciales para generar los mecanismos de control de procedimientos, tanto jurisdiccionales como administrativos, así como la elaboración de procesos de captación y análisis de resultados para la creación de índices que sean monitoreados comparativamente de manera constante, a fin de visualizar su funcionamiento en el tiempo y buscando la manera de perfeccionarlos, al mismo tiempo que paralelamente se imparte justicia.

Otra de las motivos, que llevaron a la creación de la Dirección de Gestión de Despachos Judiciales, es impulsar el incremento de la productividad y la eficiencia, lo cual supone la redefinición de cada una de las tareas y por consiguiente la eliminación de pasos innecesarios, poniendo a la disposición y uso de la administración de justicia, tecnologías que son cada día más accesibles. También resulta necesario mejorar los mecanismos de control y agilización de los trámites, así como facilitar las comunicaciones tanto internas como externas.