“Desde el año 2007 nuestro gobierno como Estado tiene la voluntad de preservar y proteger el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, teniendo como punto de partida nuestra Constitución que establece que el centro es la persona, la familia y la comunidad”, dijo la Dra. Fabiola Betancourt.

La doctora Betancourt abordó el tema del Protocolo de Atención Integral para la niñez y la adolescencia víctimas de violencia sexual, que la Corte Suprema de Justicia está impartiendo a los jueces especializados de la materia.

“Estos protocolos lo que hacen es que todos trabajemos con una guía, para evitar que en juicio esa investigación no esté bien constituida con todos los elementos y se pueda sostener después con el resto de las pruebas”, acotó la Dra. Fabiola Betancourt, jueza Primero de Distrito Especializado en Violencia de Managua, en el Programa “Una Hora con la Justicia”.

A manera de antecedentes, dijo que desde el año 2007 nuestro gobierno como Estado tiene la voluntad de preservar y proteger el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, teniendo como punto de partida nuestra Constitución que establece que el centro es la persona, la familia y la comunidad.

En ese sentido, enfatizó que el marco legislativo ha cambiado, tenemos leyes de avanzada, ya visibilizamos los delitos con la ley de ciberdelitos con un componente de niños, niñas y adolescentes víctimas de este tipo de situaciones.

Políticas de Estado
Tenemos políticas de Estado, como la Ley 779 (Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer), que se aprobó en el año 2012 y entró en vigencia creando órganos especializados para garantizar el acceso a la justicia. El Decreto 42-14, que es el Reglamento de la Ley 779; el Decreto 43-2014 que es el que habla de la protección a la familia. Se han creado las Consejerías de Familia, las Consejerías de las Comunidades Educativas del Ministerio de Educación, las Escuelas de Valores, Escuelas para Padres. Este es el componente que se articula como la prevención.

Es decir, expresó, que se han desarrollado políticas en esa materia, no solamente en la parte de la sanción, que es la que le corresponde al Poder Judicial, sino también en la parte preventiva, involucrando a ocho actores para procurar evitar la impunidad y que la víctima reciba atención.

Hizo referencia que el 8 de marzo de 2018 la Corte Interamericana dictó una sentencia condenando al Estado de Nicaragua por el caso de una niña que sufrió en el año 2000 una agresión sexual, había sido revictimizada, maltratada y hubo impunidad.

En la sentencia se establece que parte del resarcimiento es la creación de protocolos específicos de atención para el Instituto de Medicina Legal, de Actuación para el Poder Judicial y este protocolo que es el institucional, el cual emana otro protocolo que es la creación del Defensor Público Especializado en atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Acompañamiento reforzado
En ese orden, explicó que se crea el Protocolo de Atención Integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, por acuerdo presidencial número 25-2020 y su alcance es brindar una capacidad de respuesta unificada, fortalecida, teniendo como punto de partida que el tema de la violencia sexual es un tema de la violencia de poder del agresor.

Por tanto, para que niñez y adolescencia puedan tener un efectivo y verdadero acceso a la justicia requiere de un acompañamiento reforzado.

Precisó que ese acompañamiento es nuestro modelo persona-familia-comunidad, que involucra a todas las instituciones del Estado, a la familia y la comunidad con acciones de alerta temprana. Cada institución tiene un rol que cumplir, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Familia en la prevención primaria, porque desde nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia se establece la protección integral y una protección especial cuando una niña o un niño está sufriendo cualquier tipo de maltrato o de abuso, ya sea físico o acciones de naturaleza sexual.

Ruta de acceso a la justicia
Agregó que esa ruta integral también involucra al Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial –que es responsable del enjuiciamiento y la restitución de esos derechos a través de la aplicación de la justicia--; el Instituto de Medicina Legal –que tiene su Clínica y su Protocolo de Atención de niñez y adolescencia-.

Destacó que también se crea la figura del defensor público especializado en atención de niñez y adolescencia, que tiene un papel preponderante, porque se puede presentar en el juicio como acusador, coadyuvando con el Ministerio Público o como representante; también ubica a estos niños y adolescentes en su casa, activando el mecanismo de buscar la protección reforzada especial para su debido acompañamiento.

Subrayó que “hay un esfuerzo continuo de Estado. Se está sistematizando y visibilizando en materia de niñez y adolescencia en este protocolo, pero ya teníamos instrumentos para dar respuesta a partir de esos órganos especializados.

Mencionó como principales principios que rigen este protocolo: el principio de interés superior del niño, el derecho a participar y ser oído, el principio de confidencialidad, de privacidad; el desarrollo progresivo, el principio de la debida diligencia del Estado, entre otros.

“Estos protocolos lo que hacen es que todos trabajemos con una guía, para evitar que en juicio esa investigación no esté bien constituida con todos los elementos y se pueda sostener después con el resto de las pruebas”, acotó.

“Es satisfactorio saber que si tenemos un sistema articulado e integrado se le está creyendo a la niñez y adolescencia los horrores que puede está viviendo y que le estamos dando una respuesta inmediata para evitar la impunidad”, finalizó la doctora Fabiola Betancourt.