* Asegura el magistrado Francisco Rosales Argüello, en relación a sentencia de La Haya por agresión a Nicaragua.
La sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya a favor de Nicaragua, en la cual obliga al gobierno de los Estados Unidos a pagar al Estado nicaragüense 17 mil millones de dólares por daños y perjuicios al apoyar la intervención armada en la década de los 80 “no es un capítulo cerrado”, aseguró el magistrado doctor Francisco Rosales Argüello.
“Desde el punto de vista civil ellos siguen comprometidos con Nicaragua, el Estado Norteamericano tiene una responsabilidad internacional, debido a que no han cumplido con la sentencia y de ninguna manera esto es un capitulo cerrado, lo que se le olvida al embajador Callahan es que esas son obligaciones civiles, naturales y mora
“En ese momento lo que surge es el concepto de obligaciones naturales, moralmente jamás va a operar la prescripción, porque los Estados Unidos son responsables directos de los daños causados a Nicaragua en ese periodo de la historia”, manifestó el funcionario.
La mañana del nueve de Abril de 1984, el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional pidió a la Corte Internacional de Justicia abrir un proceso judicial en contra de Estados Unidos de Norteamérica por violar el derecho internacional al financiar la guerra contra nuestro país dinamitando y minando los puertos nicaragüenses.
El 24 de Junio pasado, el presidente de la república comandante Daniel Ortega Saavedra recordó que esta deuda no ha sido cancelada y reivindicó el derecho del pueblo nicaragüense a seguir demandando el cumplimiento de la sentencia de la CIJ. El embajador de Estados Unidos en Managua, Roberto Callahan, reaccionó diciendo que el cobro de la deuda es “caso cerrado”.
Lógica imperial
La reacción verbal del embajador de la potencia estadounidense, sólo cabe dentro la lógica imperialista del gobierno norteamericano, afirmó el doctor Rosales Argüello, señalando que “ellos suscriben los tratados internacionales, pero normalmente los ratifican cuando más les conviene”.
El coordinador del grupo constitucional de la Corte Suprema de Justicia recordó que la política expansionista del imperio norteamericano ha causado mucho daño a los pueblos del mundo, que han luchado históricamente por su independencia, tales como: Vietnam, Cuba, El Salvador, Guatemala y Libia, entre otras naciones.
En relación a lo afirmado por Callahan sobre la caducidad de la sentencia, el doctor Rosales Argüello enfatizó que los acuerdos suscritos por la presidenta Violetas Barrios de Chamorro durante su mandato no tienen ningún efecto legal, dado que cuando se trata de arreglos entre Estados es necesario la aprobación y aplicación de una ley que autorice abandonar la demanda.
“Se trata de convenios entre Estados, pero para eso es necesario que se apruebe una ley en la Asamblea Nacional, ésta es la única que puede autorizar al Ejecutivo para realizar actos de esa naturaleza; es decir, el gobierno no puede manejarse por sí mismo”, dijo el ex ministro del Trabajo en tiempos del gobierno Chamorro.
En esas circunstancias, “lo que sucedió es que Doña Violeta no exigió el cumplimiento de la sentencia, ya que a cambio los Estados Unidos generarían amplios proyectos de cooperación, los que todavía no han cumplido”, señaló el magistrado.
