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Nicaragua será sede del III Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional

jueves 26 de marzo de 2015


Escrito por María Elsa Baca Suárez

* Seleccionada por los grandes logros que en materia de igualdad de género hemos alcanzado, informó la magistrada de la CSJ, Dra. Ileana Pérez López.

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ileana Pérez López, informó que Nicaragua será la sede del III Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectiva de Género que se llevará a cabo el próximo año 2016, en el que participarán juezas  y magistradas de los Tribunales Constitucionales y Salas Constitucionales de 14 países de Iberoamérica.

 

En el evento participaron representaciones de 14 países Iberoamericanos.

A su regreso de Santo Domingo, República Dominicana, donde participó en el II Encuentro en su calidad de miembro de la Sala Constitucional del supremo tribunal e integrante de la Comisión de Género del Poder Judicial de Nicaragua, anunció que “Nicaragua fue seleccionada por los grandes logros que en materia de igualdad de género hemos alcanzado”.

La magistrada Pérez López afirmó que durante su ponencia en el II Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectiva de Género, que se realizó en Santo con el tema “La Violencia contra La Mujer”, explicó que “existe una política de Estado a favor de la mujer que se ha traducido en la creación de todo un sistema legal que la respalda”.

“Debo resaltar que ha sido únicamente a través del Gobierno Sandinista que el Estado de Nicaragua ha tenido una verdadera política de Igualdad de Género, aspecto tangible desde el año de 1964 en el “Programa Político Histórico del FSLN”, donde se plantea como objetivo revolucionario la erradicación de la violencia que la mujer sufre por el hombre”, expresó.

 

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Doctora Ileana Pérez López informó que Nicaragua fue seleccionada por los participantes como sede del III Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectiva de Género.

La magistrada destacó que el proceso que las nicaragüenses han atravesado para lograr los espacios obtenidos ha sido largo. “En la década de los ochenta cuando se dan importantes avances en materia de género con la ratificación de la Convención CEDAW en 1981, se logró una buena proporción de diputadas mujeres a partir de 1984 y el reconocimiento al principio de igualdad absoluta entre hombres y mujeres en la Constitución Política de 1987.

Agregó que “con las derrotas electorales del FSLN en los años 90, este proceso tuvo un significativo estancamiento. Fue hasta el año 2007, en la segunda etapa del Gobierno Sandinista, que se retoma como Política de Estado la eliminación de los actos de discriminación y violencia ejercidos en contra de la mujer, mediante la transformación legislativa y de las políticas de prevención ejercidas por las Comisiones Interinstitucionales y la participación de la comunidad mediante los Gabinetes de Familia, Comunidad y Vida”.

La funcionaria explico que el Estado Nicaragüense se encuentra en una posición de vanguardia en materia de igualdad de género, que es reconocida  a nivel mundial por organismos internacionales como ONU-Mujeres y el Foro Económico Mundial. No obstante, a pesar de tales avances normativos y dicha posición privilegiada “seguimos trabajando por mejorar”.

“Tenemos que reconocer que aún queda un largo camino por recorrer para continuar afianzando en la sociedad nicaragüense la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer, como concreción del deber consagrado en la Constitución vigente de nuestro país”, afirmó durante su discurso.

Durante el encuentro realizado desde el 17 hasta el 20 de marzo de 2015 en Santo Domingo, la magistrada describió detalladamente todo el sistema normativo con perspectivas de género que existe en Nicaragua, que ha permitido los resultados positivos del empoderamiento de las mujeres y su participación efectiva en los cargos públicos, con verdadera incidencia en la toma de decisiones.

Explicó que la transformación legislativa y las políticas públicas de prevención existentes han venido y continúan modificando los patrones socio-culturales que normalizaban la violencia en todas sus manifestaciones, permitiendo como consecuencia un avance transcendental en el proceso de igualdad absoluta de las mujeres en el ejercicio de sus derechos sociales, económicos y políticos.

La magistrada concluyó afirmando que en base a lo anterior “como reflexión para los que administramos justicia, es que en nuestra práctica judicial logremos interpretar y comprender de forma dinámica los derechos fundamentales y los derechos humanos, que permitan concebir el derecho como un sistema jurídico integral, con un entramado de las realidades, en el que se analice las relaciones entre las personas de ambos sexos, sin que impere la desigualdad o la discriminación para alcanzar un mundo justo y equitativo”.

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