La magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, doctora Ileana Pérez López junto a la magistrada presidenta de la Corte Constitucional de Guatemala, doctora Gloria Porras.

Durante el encuentro la magistrada Pérez López, miembro de la Sala Constitucional, presentó los avances que en esa materia Nicaragua ha alcanzado en los últimos años, transmitiendo la experiencia a las participantes en el encuentro.

El objetivo fundamental fue “reflexionar sobre el uso de las garantías constitucionales en el acceso a la justicia penal de las mujeres en Iberoamérica”, expresó la magistrada, quien también es presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema.

“Se busca reflexionar sobre los retos de la justicia para garantizar el acceso a la misma de las mujeres desde el enfoque de la constitucionalidad”, agregó.

La magistrada explicó que el propósito de la reflexión se deriva de las obligaciones de los Estados Iberoamericanos con la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer y otros instrumentos de protección de los Derechos Humanos de las mujeres por su condición etaria, discapacidad, etnia y diversidad sexual, entre otras.

La magistrada Pérez López informó que entre los principales temas abordados se encuentran: los derechos humanos de las mujeres en el proceso penal, las garantías y amparos en el derecho procesal penal y el derecho constitucional con visión de género, así como los derechos constitucionales de los sujetos procesales de las poblaciones tradicionalmente discriminadas.

Otros de los temas abordados durante el encuentro fueron la interpretación jurídica constitucional en el proceso penal desde una Perspectiva de género; la justicia restaurativa desde la constitucionalidad y la reparación de las víctimas como un derecho constitucional.

Al finalizar el evento los países participantes en el encuentro firmaron la Declaración de Principios sobre Derecho Constitucional y Proceso Penal con perspectiva de género, un documento que contiene  elementos conceptuales y metodológicos que favorecen la interpretación constitucional con perspectiva de género.

La Declaración también incluye la preservación de garantías constitucionales en el procesal penal y el uso de la interseccionalidad en el acceso a la justicia constitucional y además de ser aprobado por los Estados, fortalecerá la justicia constitucional con elementos dogmáticos y jurisprudenciales respecto de garantías en procesos penales, la interpretación con enfoque de género y de la igualdad sustantiva.