La población juvenil privada de libertad en Costa Rica es mucho mayor que la población penal de adolescentes en Nicaragua, informó la doctora Helena Ulloa Ramírez, jueza de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, Segundo Circuito Judicial de San José, Costa Rica.

La población penal de adolescentes privados de libertad en Nicaragua es de 133.

De igual manera la judicial señaló que “Costa Rica tiene la pena más alta de prisión en materia juvenil y de adolescentes de toda Latinoamérica, con 15 años de prisión“.

La doctora Ulloa Ramírez dijo que en Costa Rica la edad mínima para aplicar la Ley de la Justicia Juvenil anda en un rango de los 10 a 18  años de edad y la  pena máxima es de 15 años de prisión.

En Nicaragua el Código de la Niñez y la Adolescencia establece la pena máxima de 6 años de prisión para los adolescentes con edades de 13 a los 18 años no cumplidos.

Agregó que los delitos más comunes que cometen los adolescentes en Costa Rica son los ilícitos contra la propiedad, robo agravado con uso de armas, el tráfico de droga, homicidios,  tentativas de homicidios y delitos sexuales.

La doctora Ulloa Ramírez explicó que “el Libro Tercero del Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua es muy parecido a la Ley de la Justicia Juvenil costarricense, tiene previsiones muy parecidas, pero también hay diferencias. Lo importante es que todos los sistemas jurídicos latinoamericanos parten de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño y lo que requerimos es de tratar de adecuar la legislación a la  Convención”.

“Costa Rica tiene elevado a rango constitucional las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. Todos los países han hecho un esfuerzo por adecuar sus leyes especiales y no puede decirse qué país está mejor conforme a la Ley Juvenil de Costa Rica”, manifestó la jueza.

“Lo que buscamos con este intercambio de información con los jueces de adolescentes de Nicaragua es cómo aplicar mejor los códigos a favor de los adolescentes, porque lo que queremos es construir poco a poco un sistema que tutele de la mejor manera  los derechos de los adolescentes  e interpretar las leyes según la exigencia de la Convención de los Derechos del Niño, que es la norma rectora”, finalizó la doctora Ulloa Ramírez.