El asesor económico presidencial Comandante Bayardo Arce Castaño, representó al presidente de la república durante la inauguración de las nuevas instalaciones del Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Garantías Mobiliarias del Departamento de Managua.

Durante su discurso, el comandante Arce Castaño llevó el saludo y felicitaciones de parte del Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, a las autoridades del Poder Judicial y a los funcionarios de los Registros del país.

El asesor presidencial insistió en la importancia de la Ley de Garantías Mobiliarias, que entrará en vigencia este próximo 25 de octubre del presente año, ley que calificó como la línea de entrada “a una etapa de crecimiento y nuevos retos”.

Afirmó que “la entrada en vigencia de la nueva Ley de Garantías Mobiliarias  es trascendental y supera el aspecto material o la inauguración de una infraestructura moderna, pues nos introduce en una nueva etapa del ordenamiento de la propiedad y del encausamiento financiero, para seguir avanzando en los planes de crecimiento económico que nos unen a todos los nicaragüenses”.

La Ley de Garantías Mobiliarias es un nuevo reto para los Registros Públicos del país y para los empresarios, aseguró el comandante Bayardo Arce Castaño

La nueva ley permite a los pequeños y medianos negocios presentar como garantías para préstamos bancarios los bienes muebles de sus negocios, que van, por ejemplo, desde equipos industriales hasta los inventarios de productos, lo que permitirá su expansión mediante la inversión.

El alto funcionario gubernamental afirmó que “es de interés para el presidente Ortega acompañarlos en este acto, sobre todo por la Ley de Garantías Mobiliarias, porque en nuestro país el 68 por ciento de nuestra economía descansa en la pequeña y mediana empresa, que en su mayoría funcionan en la informalidad y cuando se hacen encuestas lo primero que lamentan es que no tienen acceso a créditos”, explicó.

El asesor presidencial recordó que la Ley de Garantías Mobiliarias se discutió con la empresa privada durante los últimos ocho años, con el objetivo de “hacerla aterrizar a nuestra realidad y en la búsqueda de un balance” y  “como un respaldo a ese 68 por ciento de empresas que mueven la economía nacional, se buscó un mecanismo que les permitiera acceder a los créditos y de ahí surge esta ley”.

El comandante Arce, la Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, el presidente del Cosep y el magistrado Francisco Rosales Argüello, develizaron la placa conmemorativa del nuevo Registro Público de Managua.

Agregó que “ahora tenemos un marco jurídico que respalda al sector y conocemos la experiencia de otros países donde este sistema ha funcionado. Nosotros confiamos que a partir de estos dos elementos y del diálogo permanente que existe entre los empresarios y el gobierno, vamos a conseguir que esto siga caminando”.

“El presidente Ortega saluda al Poder Judicial en este esfuerzo, pues no solo jugó un papel activo en el diálogo de consenso con organismos empresariales y otros organismos del Estado para que saliera esta ley, sino que, a como pasa en muchos otros campos, ahora que está la ley, el “clavo” les cae a ellos a través de las direcciones de Registro”, explicó.

A la actividad asistieron funcionarios judiciales y representantes del sector privado del país.

Igualmente señaló que se ha realizado una inversión en tecnologías e infraestructuras y se ha capacitado al personal que va a estar a cargo del registro de bienes mobiliarios, para que puedan cumplir con este nuevo reto.

“El Poder Judicial participó en la etapa de formación de la ley y ahora les toca garantizar que la ley camine, para que su propósito se cumpla. Tenemos plena confianza de que lo harán, a como tenemos plena confianza en que los empresarios grandes, pequeños y medianos, continuarán participando en la búsqueda de consensos para dar respuesta a los problemas mediante el diálogo”, destacó.

El comandante Arce Castaño concluyó su discurso recordando que mientras el Presidente de la República, comandante Daniel Ortega, esté a la cabeza, continuará el esfuerzo por garantizar no solo el crecimiento en infraestructuras en el Poder Judicial, sino en la búsqueda del crecimiento económico y social; elaborando leyes o reglamentos que garanticen el crecimiento financiero nacional y los programas ya establecidos, como el de reordenamiento de la propiedad, entre otros.