El magistrado recordó que las normas no son estáticas, van evolucionando al compás de las exigencias de un mundo altamente globalizado y por eso tienen un período de utilidad, de vigencia útil y tienen que irse transformando, reformándose, derogándose y ajustándose a las nuevas realidades. 

 

Afirmó que “Nicaragua ha dado ejemplo de modernidad y de revolución de las normas y sin temor a equivocarme puedo decir que Nicaragua es un referente a nivel de Latinoamérica, porque ha establecido la oralidad en todas las materias y aquellos trámites engorros, escritos, han pasado a la historia”. 

 

Subrayó que desde el año 2000 se incorporó la oralidad, primero con el Código de la Niñez y la Adolescencia y posteriormente con el Código Procesal Penal, el Código Penal, Familia, Laboral y el Código Procesal Civil. 

 

El doctor Chang Castillo explicó que en todas esas disposiciones se privilegia que las partes puedan jugar un rol protagónico en las decisiones, es decir, que las partes puedan concertar acuerdos y ponerle fin a sus controversias. “Ahí honramos también la democracia participativa en los procesos, porque las partes son las que proponen al final cómo se van a resolver las dificultades que los han obligado a llegar hasta un tribunal”, manifestó.

 

El magistrado explicó que las reformas constitucionales del 2014 mandataron la creación y aprobación de la Ley de Justicia Constitucional, “precisamente porque la Constitución es la norma suprema, la base fundamental que está por encima de todo ordenamiento jurídico”.

 

Sostuvo que la Constitución debemos aplicarla en principio como norma suprema y pilar fundamental sobre la cual descansan las demás leyes, de tal forma que las leyes que van surgiendo no se puedan contraponer y si se contraponen se consideran no puesta o no válida, lo cual nos obliga a hacer la interpretación y aplicación de manera adecuada a la norma en nuestras decisiones.

 

Acotó que como todas las leyes ésta Ley de Justicia Constitucional está regida por varios principios como los de inmediación, concentración, publicidad, entre otros y también nos vuelve a prohibir que busquemos excusas para no resolver las pretensiones de los ciudadanos.

 

“Tenemos que resolver. No podemos alegar la antinomia jurídica, contradicciones de normas, vacíos u oscuridad. La Constitución dice que hay que resolver. Eso lo retoma y lo reorienta esta Ley de Justicia Constitucional”, finalizó el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Puerto Cabezas, doctor Jimmy Chang Castillo.

 

La doctora Zelmira Castro Galeano, secretaria de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dijo que con las reformas constitucionales del año 2014 se impuso la necesidad de crear una Ley de Justicia Constitucional, donde prevalezcan los derechos y garantías constitucionales. 

 

La doctora Castro Galeano concluyó anunciando que posterior al primero de junio --cuando concluyan los seminarios que se están impartiendo en todas las Circunscripciones--, la Corte Suprema de Justicia llevará a cabo una capacitación dirigida a autoridades jurisdiccionales, funcionarios recurridos y asesores legales que son parte en la substanciación de los recursos, “para que todos estemos bien compenetrados en el contenido de la ley”.

 

El acto de inauguración fue presidido por los magistrados de la Circunscripción Costa Caribe Norte, doctores Jimmy Chang Castillo (presidente) y Martha Johana Rodríguez; la doctora Zelmira Castro Galeano, secretaria de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la Msc, Jannie Espinoza, del Instituto de Altos Estudios Judiciales.