Notas de Prensa

Cumbre Judicial Iberoamericana fortalece la justicia de género

miércoles, 09 de abril de 2014


Escrito por Dirección General de Comunicación

* 23 países crean Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia“, llaman a ampliar participación de las mujeres en toma de decisiones y declaran “inadmisible” y rechazan “todo acto de violencia, de cualquier naturaleza contra las mujeres que integran el sistema de justicia”.

Luego de definir como “tema estratégico y prioritario” el de la igualdad y equidad de género, la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, reunida en Santiago de Chile, acordó este 4 de Abril constituir una “Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia”. 20 países latinoamericanos, más España, Andorra y Portugal, suscribieron la Declaración que respalda este acuerdo.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, ha tenido una destacada participación en el tema de igualdad y equidad de género, en la Cumbre Judicial Iberoamericana.

La Comisión Permanente tendrá por objetivo “dar seguimiento al proceso de incorporación de la perspectiva de género en todo el quehacer de la Cumbre” y será integrada de acuerdo a una propuesta que presentará próximamente la Comisión de Coordinación y Seguimiento de esta instancia de máxima coordinación entre los Poderes Judiciales.

En la Declaración de Santiago, se exhorta a los Poderes Judiciales “a ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, incrementando los espacios en igualdad de condiciones”. Nicaragua estuvo representada en esta Cumbre por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia doctora Alba Luz Ramos Vanegas y el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, doctor Gerardo Rodríguez Olivas.

Los presidentes o representantes de Cortes y Tribunales Supremos o Superiores de Justicia y de los Consejos de la Judicatura o Magistratura de los 23 países participantes en la Cumbre Judicial, declararon “inadmisible” y rechazaron “todo acto de violencia, de cualquier naturaleza, contra las mujeres que integran el sistema de justicia, sea ella simbólica, estructural o institucional”, asumiendo como propio el documento aprobado en este sentido en Noviembre de 2013, durante el XIV Encuentro Iberoamericano de Magistradas “Por una justicia de género”.

“Debemos dirigir la mirada, en esta misma materia, al interior de los poderes u órganos judiciales de Iberoamérica, con la finalidad de hacer un relevamiento de las políticas de género en nuestras instituciones y propiciar así un cambio de actitud en cuanto al respeto de los derechos de las mujeres”, manifiestan en la Declaración.

 

La presidenta de la CSJ Dra. Alba Luz Ramos Vanegas y el presidente del TAM Dr. Gerardo Rodríguez Olivas, representaron a Nicaragua en la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana.

La Cumbre Judicial Iberoamericana instó “a la efectiva inclusión de las mujeres, conminando a poner término a cualquier forma de discriminación y violencia que pudiere subsistir en nuestras instituciones de justicia, por ser los primeros llamados a garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales y obligados a no generar condiciones de vulnerabilidad”.

De esta forma, el tema de la igualdad y equidad de género se convirtió en uno de los más trascendentales de la Cumbre y el primero incluido dentro de las Conclusiones de la Declaración final.

A la reunión asistieron las máximas autoridades judiciales de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala y Honduras. Además México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

La Declaración de Santiago destaca cómo se ha venido fortaleciendo esta instancia de máxima coordinación entre los Poderes Judiciales Iberoamericanos, lo que “ha permitido obtener un conjunto de resultados, resaltando nuestro compromiso de que la implantación de metodologías de planificación, la modernización tecnológica y la transformación de las estructuras organizativas refuercen la independencia de los poderes u órganos judiciales y la eficacia de la función jurisdiccional”.
 

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