Las reformas a la Constitución Política que actualmente discute la Asamblea Nacional “son democráticas, fortalecen la desconcentración y refuerzan la institucionalidad del Poder Judicial”, aseguró la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas.

La presidenta de la CSJ dio su respaldo a la propuesta de reformas constitucionales, afirmando que los artículos que se refieren al órgano de justicia “son un paso más a la modernización, pues con las reformas quedará definida claramente la parte jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial”.
 

 

“Muchas de las facultades de tipo administrativas que tiene la Corte Suprema de Justicia en la Constitución, ahora van a pasar a ser facultades del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que ahora también quedará claramente establecido en la Constitución Política”, manifestó la doctora Ramos.

El Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial hasta ahora está establecido dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 260). Al incluirlo como parte de las reformas, las facultades del Consejo ahora adquieren rango constitucional.

El Consejo de Administración también resulta fortalecido en relación a su función de control disciplinario sobre el ejercicio profesional de los abogados y notarios públicos.

Procedimiento democrático
“Sólo en el caso de jueces, magistrados y defensores públicos, el Consejo realizará todo el proceso disciplinario y luego lo someterá a la consideración de la Corte Plena cuando sean faltas graves y ameriten destitución”, explicó la magistrada Ramos Vanegas.

Cuando las faltas no sean graves, estas serán resueltas por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.

Otro aspecto importante de la reforma constitucional es la incorporación a la Carta Magna del juicio de lo contencioso administrativo como facultad de la Corte Suprema de Justicia.

El proceso contencioso administrativo es el que permite a los ciudadanos recurrir contra resoluciones arbitrarias de las instituciones del Estado.

El juicio contencioso administrativo “es uno de los procedimientos más democráticos que existen, porque es el pueblo llevando a la jurisdicción ordinaria a las autoridades administrativas que incumplan con las facultades que las ley establece, de manera que es un recurso sumamente democrático”, expresó la doctora Ramos.

La presidenta de la CSJ manifestó que con la reforma constitucional “Nicaragua será uno de los pocos países que tiene la jurisdicción con el contencioso administrativo a nivel de la Corte Suprema”.

Con la reforma constitucional “hay un refuerzo de la seguridad jurídica, como también lo evidencia la incorporación en ella del recuso de Habeas Data, que ya había sido creado por ley pero ahora también pasará a tener rango constitucional”, finalizó la presidenta del máximo tribunal.