Los aciertos y debilidades que los defensores públicos podrían cometer cuando se implemente la oralidad en los procesos de Familia, salieron a luz el pasado 5 de noviembre, cuando un grupo de ellos simuló un juicio por investigación de paternidad y pensión de alimentos.

La calistenia de los defensores públicos partió de un hecho ocurrido el año pasado, cuando “María” salió embarazada de “Juan”, su empleador, y quien siendo el padre de “Tania” se negó a reconocerla como su hija, a practicarse el examen de ADN y menos aún a mantenerla.

 

“La convivencia se limitaba a tiempos cuidadosamente elegidos pero intensos, ya que él era casado y tenía su familia”, plantea el texto de la demanda que María interpuso, en la que  también solicita a la autoridad judicial ordene al demandado el reembolso de los gastos en que incurrió por la cesárea que le practicaron y la manutención de la niña.

La demandante aseguró que hasta poco después del nacimiento de “Tania”, “Juan” se mostró como un hombre cariñoso, responsable y proveedor, pues hasta alquiló una vivienda y fue el padrino de bautizo de la menor.

Al evaluar el desempeño de los participantes (unos como parte acusadora, otros como parte defensora, testigos y autoridad judicial), los organizadores del ejercicio, doctores Brenda Quiroz Roque y José Antonio Orozco Pastrán, externaron su percepción de que, aunque muy positiva, la experiencia evidenció la necesidad de corregir las debilidades presentadas para estar preparados.

Las debilidades
Aunque en el ensayo se aplicaron los procedimientos que mandata el Código de Familia --técnicamente aprobado por el legislativo--, Quiroz Roque y Orozco Pastrán apuntaron que la defensa no atacó de forma consistente el testimonio de una vecina de la demandante, quien se confesó amante del chisme gracias al cual supo que “Juan” y “María” eran pareja,  alquilaban una casa contiguo a la suya y tuvieron una niña.

Sin duda aprendimos mucho y nos conectamos con el caso pero hubo debilidades en la prueba pericial y documental, sostuvo Quiroz Roque, quien es delegada de la Defensoría Pública en Masaya.

Exceso de retórica y reiteración innecesaria, incumplimiento de los procedimientos para tomar la prueba de ADN y demostrar por qué el resultado no señalaba como padre biológico a “Juan”, ya que el dictamen nombraba a otra persona con sus mismas iniciales, e insuficiente estructuración de los alegatos, fueron las fallas más evidentes del simulacro apuntadas por los organizadores.

Asimismo, el poco dominio de las objeciones por parte de los abogados fue una de las fallas presentadas, ya que a juicio de los funcionarios éstas deben ser rápidas, convincentes y fundamentadas, lo que no ocurrió porque constantemente, el juez debía pedir que se la calificara según su naturaleza (impertinente, repetitiva).

Por otra parte, al “juez” Francisco Martínez se le reconoció su capacidad por mantener el control de la audiencia y a los participantes en general por apropiarse del papel que les tocó desempeñar.

Al término del ejercicio, el “juez” apuntó que la práctica le resultó enriquecedora e instructiva, porque “nos capacita y
prepara para llevar adelante una nueva experiencia en el sistema jurisdiccional, como es la oralidad”.

“Con entrenamientos como éste se nos prepara para perder el pánico escénico, que casi todo mundo tiene al hablar en público; se nos dan las herramientas para echar a andar el proceso establecido en el Código de Familia”, precisó.