* Presidenta de la CSJ explica contenidos de la Política Nacional en respaldo a la Ley 779.

La Política Nacional de Lucha contra la Violencia, definida como el eje central de la aplicación de la Ley 779, pone más énfasis en la prevención del delito que en la persecución y castigo de los victimarios, afirmó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas.

Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

“Estamos más enfocados en la prevención y es donde hemos puesto el mayor peso de la política; esto es a nivel de todo el Estado, aquí nos involucramos todos, porque no es una responsabilidad sólo del Estado sino de la sociedad en todo su conjunto”, manifestó la presidenta del Poder Judicial en una entrevista con el programa radial “Onda Local”.

En este sentido, agregó, “los programas de prevención que impulsen las instituciones del Estado también serán apoyadas por la sociedad organizada, a través de organizaciones como las redes comunitarias y los gabinetes de familia, que han sido y seguirán siendo de gran apoyo”.

La doctora Ramos Vanegas dijo que “la lucha contra la violencia es un problema a largo plazo y sabemos  que la ley por sí misma no va a eliminar la violencia, la prevención es lo más importante y por eso nos tenemos que involucrar todas las instituciones y organismos que protegen los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”.

La presidenta de la CSJ informó que “para darle seguimiento y cumplimiento a lo establecido en esta política se creó la Comisión Interinstitucional de Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres, la que está presidida por la doctora Marcia Ramírez, delegada del Ministerio de la Familia y conformada por 14 instituciones del sector justicia y del poder ejecutivo”.

A recuperar autoestima
Dentro de estas política también está contemplada la participación de las víctimas de violencia, con las que hay que trabajar y ayudarles a recuperar su autoestima, no olvidemos que este es un trabajo serio y muy duro”, dijo la Ramos Vanegas.

La alta funcionaria manifestó que “de conformidad a la Ley de Igualdad de Oportunidades, las instituciones del Estado debemos tener una Política de Género y no solo tenerla sino cumplir con lo establecido, porque eso es parte de nuestra función”.

“Ahora las víctimas de violencia no tienen que pasar por el tedioso proceso de ser revisadas o brindar declaraciones hasta tres veces; desde que se trabaja con el Modelo de Atención Integral (MAI), las víctimas se sienten más seguras de asistir a la institución correspondiente a interponer una denuncia”, aseguró la doctora Ramos.  

La presidenta del máximo tribunal dijo que ahora “las mujeres víctimas de violencia son atendidas inmediatamente, gracias  a protocolos de actuación y metodologías de atención a víctimas, lo que incluye todo el articulado de las instituciones del Estado para fortalecer las capacidades y habilidades de atención a víctimas”.

En este orden la política nacional de lucha contra la violencia también incluye a las escuelas de primaria, secundaria y de formación técnica, que juegan su papel educando en valores con perspectiva de género y derechos humanos. Otro aspecto son los programas de prevención y de sensibilización, a través de los gabinetes de Familia y las organizaciones comunitarias.

Asimismo, “los convenios con las universidades son de gran importancia, porque de esa forma nos ayudan a difundir la política de género y a investigar las causas de violencia, a la vez que nos sirve de apoyo a nosotros para saber qué es lo que está pasando, qué podemos hacer y cómo podemos ir mejorando”, concluyó la presidente de la Corte Suprema.