La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ileana Pérez López afirmó durante su discurso brindado en el II Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectiva de Género, que “en Nicaragua se está instaurando una revolución jurídica, social y legal tutelada con la aplicación de una justicia más digna, justa, humana e igualitaria”.
 

La magistrada Ileana Pérez López, presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y miembro de la Sala Constitucional, junto a la magistrada Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta del presidente del Tribunal Constitucional  y Coordinadora de la Comisión del II Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectiva de Género.

En el Encuentro realizado en Santo Domingo, República Dominicana, bajo el lema “La Violencia Contra la Mujer”, la magistrada Pérez López expresó que esa revolución jurídica se está instaurando “a través de los instrumentos de la Justicia Constitucional, con el objeto de garantizar las normas, derechos y principios enmarcados en la Constitución Política Nicaragüense, principalmente en materia de igualdad de género”.

La doctora Ileana Pérez, quien es presidenta de la Sala Civil del Supremo Tribunal, manifestó que la Constitución Nicaragüense fue reformada y enmarcada en la igualdad de género.

“En los últimos años se han implementado medidas y políticas a favor de los grupos sociales más vulnerables, con la finalidad de restituirles sus derechos ciudadanos bajo un modelo que persigue de forma permanente la búsqueda de consensos y responsabilidad compartida para combatir la pobreza, eliminando las barreras de la desigualdad entre los distintos grupos sociales, que nos guíen hacia el bien común e induzca la erradicación de cualquier forma de discriminación o exclusión, garantizando los intereses particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación”, explicó.

 

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, doctora Ileana Pérez López, durante el II Encuentro Iberoamericano de Justicia Constitucional con Perspectiva de Género, en compañía de la vicepresidenta de República Dominicana, señora Margarita Cedeño de Fernández.

La presidenta de la Sala Civil de la CSJ explicó que  a partir del año dos mil siete, año en que el gobierno actual regresó al poder, “se retoma el Programa Político Histórico de 1964, en el cual se declaró como objetivo revolucionario: La abolición de la discriminación que la mujer ha sufrido con respecto al hombre”.

“Es por eso, que en los últimos años se ha venido impulsando como Política de Estado, la defensa de los derechos de las mujeres y el reconocimiento a su papel protagónico, desarrollando una transformación legislativa que ha tenido como resultado la promulgación de leyes que han permitido aminorar los obstáculos que impiden la igualdad incondicional y la protección de la mujer frente a todos los tipos de manifestaciones de violencia que se ejercen en su contra”, explicó la funcionaria.

Agregó que la tutela de protección de los derechos de las personas, “se ha caracterizado por la invisibilización de los derechos de las mujeres, a partir de una regulación en apariencia neutral donde lo que se regula para las personas, para los hombres, también se regula para las mujeres, de suerte que en este actuar normativo formal, se absorbe y se contabiliza a la mujer a partir de lo regulado para los hombres, lo que históricamente ha dado como resultado un esquema jerárquico legislativo proteccionista desde una posición formalista y no real”.

La doctora Pérez López explicó que nuestro país ha adoptado y ratificado varios instrumentos internacionales en el marco de protección de la mujer contra la violencia y la discriminación, que le permiten al Estado promover acciones y adoptar medidas para incidir de forma eficaz en la modificación de patrones socio-culturales que han naturalizado la violencia hacia la mujer.

“En ese sentido, hemos venido tomando medidas de acción afirmativa, tal es el caso de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reforma al Código Penal, que orienta como Política de Estado la formación y especialización de funcionarias y funcionarios de todo el Sistema de Justicia y el Estado para desconstruir esos patrones socioculturales y patriarcales y brindar protección a la mujer”, destacó.
En el Encuentro participan juezas de los Tribunales Constitucionales y Salas Constitucionales de Iberoamérica. La magistrada Pérez López representa a este poder del Estado en su calidad de miembro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.