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Marco Jurídico.-

La Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, es una instancia administrativa especializada dependiente de la Corte Suprema de Justicia del Poder Judicial de Nicaragua, creada de conformidad con los numerales 1 y 14 el artículo 164 de la Constitución Política (año 2000), y los numerales 2 y 16 del artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para concretizar los fines y objetivos de la aplicación de la Ley 278, Ley de la Propiedad Reformada, Urbana y Agraria, que en su artículo 50 establece la mediación (o conciliación) y en el artículo 59 el arbitraje, para la solución de los conflictos relativos a la propiedad originados en las circunstancias que establece el artículo 1 de la misma; los Decretos Nº. 75, 76 y 77, que regulan el Reglamento Operativo de la Dirección de Resolución Alternas de Conflictos, la Mediación y el Arbitraje respectivamente (Gacetas Nº. 89 y 90 del 12 y 15 de Mayo del 2000).

La Ley No. 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, promulgada en 1998 que en su Art. 94 prevé la mediación en los procesos de familia, civiles, mercantiles, agrarios y laborales, en la que se dispone: "En todos los casos en que se presenten demandas de Familia, Civiles, Mercantiles, Agrarias y Laborales en los juzgados respectivos, previo a cualquier actuación o diligencia, el juez convocará dentro de sexto día a un trámite de mediación entre las partes las que podrán estar asistidas por abogados.(…)"

La Ley No. 406, Código Procesal Penal, que entró en vigencia en diciembre de 2002, señala el uso de la mediación Previa o durante el proceso, para casos como faltas, delitos imprudentes o culposos, delitos patrimoniales entre particulares sin violencia o intimidación, y delitos sancionados con penas menos graves.

Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje, publicada el 24 de Junio del 2005, en la Gaceta, Diario Oficial Nº 122, que en su Art. 1 establece: "Toda persona natural o jurídica incluyendo el Estado, en sus relaciones contractuales, tiene el derecho a recurrir a la mediación y al arbitraje así como otros procesos alternos similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales y no patrimoniales, con las excepciones que establece la presente Ley".

Esta ley también contempla la posibilidad de que se establezcan centros de mediación y arbitraje, privados y públicos, cuyos servicios podrán ser a título oneroso o gratuito y esto da la oportunidad a las personas que tienen problemas que puedan ser mediados, de poder acudir a estos centros y resolver su conflicto de manera extrajudicial sin tener que llegar a los juzgados, donde se les dicta una sentencia y siempre habrá un ganador y un perdedor. De esta forma se estará brindando servicios a la población que contribuirá a descongestionar los despachos judiciales. A su vez otorga a DIRAC la facultad de acreditar a dichos Centros Administradores de Métodos de Resolución de Conflictos.

En el año 2014 con la entrada en vigencia de la última reforma a nuestra Constitución Política, específicamente en el Art. 160, se dispone que la administración de justicia reconoce la participación ciudadana a través de los líderes tradicionales de los pueblos originarios de la Costa Caribe y los Facilitadores Judiciales en todo el país, como métodos alternos de acceso a la justicia y resolución alterna de conflictos, todo de conformidad con la ley.

Con esta disposición Constitucional, se institucionaliza una de las opciones que ofrece el Poder Judicial como son los Facilitadores Judiciales que también brindan el servicio de mediación conforme lo dispuesto en las Leyes de la materia.

La Ley 902, Código Procesal Civil de Nicaragua, publicada el 9 de octubre del presente año y que entrará en vigencia en octubre del próximo año, se reconoce a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos como entidad rectora de los Métodos RAC, al señalar que es la que autoriza y supervisa a los Centros Administradores de Métodos de Resolución Alterna de Conflictos; y que el uso de dichos métodos se hará en nuestra Dirección y los centros mencionados.

La variedad de leyes en las que se contempla el uso de algún método alterno de resolución de conflictos, demuestra una marcada tendencia del Poder Legislativo, compartida y promovida igualmente por el Judicial y el Ejecutivo, de abrir espacios de diálogo y concertación que permitan a la población contar con mecanismos pacíficos, creativos, rápidos y eficientes para la solución de sus conflictos.

 
 
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