Los datos indican que en los primeros seis meses del presente año se brindaron 63,847 servicios de defensa pública, los cuales se desglosan en 25,955 causas en sedes judiciales, 35,478 asesorías legales, 1,051 mediaciones previas y 1,259  actos notariales.

De las 25,955 causas judiciales, 12,917 correspondieron a casos penales, 9,556 a casos de familia, 3,237 causas civiles y 245 laborales.

Las estadísticas reflejan que mediante sentencias judiciales se ordenó el pago de alimentos para 6,973 niños, niñas y adolescentes, por un monto de 40 millones 389,074 córdobas, logrando restituir el derecho de alimentos a esa cantidad de menores.

Los números reflejan un descenso  de 3,338 casos respecto al mismo período del  año anterior, posiblemente a causa de la pandemia del Covid-19, según evaluaciones preliminares de la doctora Clarisa Indiana Ibarra Rivera, Directora Nacional de la Defensoría Pública.

Otro dato estadístico informa sobre los derechos laborales restituidos a los trabajadores, indicando que se atendieron 133 casos, logrando sentencias que ordenaron el pago de 3 millones 225,722 córdobas.

La Defensoría Pública de Nicaragua es un órgano del Poder Judicial, adscrita a la Corte Suprema Justicia, con autonomía funcional. Fue creada mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia a las personas de escasos recursos económicos y en estado de vulnerabilidad, a través de un personal profesional, con sensibilidad humana y consciente de la problemática social, comprometidos a representar a las y los usuarios con profesionalismo, eficiencia, honestidad y calidez humana.