La Dra. Clarisa Indiana Ibarra Rivera, directora de la Defensoría Pública, junto a la Lic. Elaine Zavala del Ministerio de Relaciones Exteriores, exponiendo sobre el quehacer de la Defensoría a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja.

La funcionaria continuó explicando que “bajo esa visión se ha mantenido la cobertura territorial y hemos ampliado la prestación del servicio en otras materias, garantizando la tutela judicial en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. Inicialmente el servicio se prestaba en materia penal, fue hasta el 2005 que se amplió en materia de Familia, aunque la Ley Orgánica dice que nosotros podemos dar el servicio en todas las materias, incluso a los militares”.

“En 1999 iniciamos con 12 defensores públicos, en 2010 teníamos 270 y a la fecha contamos con 400. Territorialmente el Poder Judicial tiene nueve circunscripciones jurisdiccionales, en las que tenemos 18 delegaciones de Defensoría Pública, brindando el servicio en materia de justicia penal ordinaria (para adultos), así  como especializada en niñas niños y adolescentes, violencia de género, civil y familia”, precisó.

Además cuenta con siete defensores de pueblos originarios, dos intérpretes en Managua para traducir el idioma de ciudadanos de la Costa Caribe y en el 2011 también se empezó a dar el servicio a las privadas y privados de libertad (ejecución de la pena).

La doctora Ibarra recordó que después de la materia penal, la de familia es la que tiene más demanda, pues tutela los derechos de los niños y niñas, como los alimentarios. “En el ámbito internacional contamos con dos defensores públicos interamericanos, la Defensoría es parte de la Asociación de Defensores Públicos Iberoamericanos (AIDEF) y Nicaragua representa a Centroamérica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Prestación del servicio
Agregó que hay defensoras para la restitución internacional de menores de niñas, niños y adolescentes,” tenemos un Estado requirente y lo representamos cuando la autoridad central hace todo el proceso administrativo”.  Recientemente se creó una nueva figura, el de defensor o defensora pública especializada en atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, en especial de abuso sexual.

 “La Ley Orgánica es nuestra referencia, pero a través del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ) hacemos las propuestas de trabajo. Hemos creado el Manual de Organización y funciones, aprobado en 2013. Antes no prestábamos el servicio a los demandantes de pensión alimenticia y en determinados lugares tampoco a las personas acusadas por portación de estupefacientes, por eso se creó el Acuerdo número 38 --que entró en vigencia el 25 de enero de 2019-- para regular este aspecto.

La Defensoría actualmente tiene convenios con 97 alcaldías del país; con la Policía Nacional para visitar a los privados de libertad; con 23 universidades para que estudiantes del tercer año de Derecho realicen sus pasantías; presta el servicio a las personas que reciban un salario menor a 600 dólares, pero no a los licenciados en Derecho; para la ejecución de pena la Defensoría tiene dos defensores por cada juzgado, 10 en Managua y 25 en el resto del país.

“Atendemos a las personas por cualquier tipo penal o delito, lo que realmente vemos es que sea una persona de escasos recursos o que esté en condición de vulnerabilidad, garantizamos la seguridad jurídica y los derechos humanos de nuestros usuarios durante el proceso” explicó la alta funcionaria.