“La especie humana está expuesta. De ahí la importancia de establecer un diálogo donde respetando las circunstancias de cada nación, de cada país, los pueblos tengan suficiente capacidad de participar en la defensa de su propia vida”, afirmó el magistrado de la CSJ, doctor Armando Juárez.

El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, doctor Armando Juárez López, estará participando en la Mesa de Trabajo Diálogo Jurisprudencial “El impacto de la pandemia y de las medidas adoptadas por los gobiernos en los derechos fundamentales de personas pertenecientes a grupos sociales diferenciados”.

En esta entrevista el doctor Juárez López aborda los principales tema que se estarán tratando en esa Mesa de Trabajo.

--¿Cómo se planteará en ese diálogo iberoamericano el caso de Nicaragua, ya que aquí no se impuso ningún estado de excepción?
Nosotros tenemos la singularidad de que el gobierno del presidente Daniel Ortega es un caso único en Iberoamérica. En Nicaragua dentro del marco del enfrentamiento para contener la transmisión del virus COVID-19, nunca se tomó ni se decretó, ni se restringió ningún derecho constitucional. Básicamente es una total diferencia al fenómeno que está ocurriendo en Iberoamérica.

Países donde se confinó, se penalizó la obligatoriedad de la mascarilla, donde hubo confinamiento y donde estas medidas han provocado la movilización de los pueblos, porque sencillamente sin comida, sin condiciones y bajo encierro, ni están resolviendo el problema de coronavirus, sino que más bien están imponiendo otra carga más a la población que debe soportar los efectos del coronavirus. Además de enfrentar los efectos de las medidas de excepción, que significan --restricciones a los derechos y garantías.

La justicia constitucional debe interpretarse como el más alto valor normativo de cara a garantizar entre gobernados y gobernantes un balance, donde los estados abusivos tengan un umbral de control de constitucionalidad”, sostuvo el magistrado Armando Juárez López.

--¿Cuál es la naturaleza de los estados de excepción?
Hay una especie de confusión, porque la naturaleza de los estados de excepción es política. Es decir, que los estados de excepción se decretan cuando está en riesgo la institucionalidad del país. Aquí lo conocíamos como estado de sitio, en tiempos de Somoza. Actualmente el gobierno ha decretado alertas sanitarias y estados de emergencia para reconstruir infraestructura golpeada por eventos de la naturaleza, sin ninguna restricción o disminución de los derechos y garantías.

--Los organizadores de este congreso de alguna manera sostienen que los gobiernos que no hicieron uso del estado de excepción promueven o propagan el contagio del COVID-19. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación?
Nosotros en ese diálogo estaremos compartiendo que esa afirmación es equivocada. La vida práctica nos está demostrando que Nicaragua dentro de sus propias circunstancias, el Gobierno Central a través del Ministerio de Salud, logró una estrategia de contención y de medidas de seguridad muy acertadas. Medidas que involucraron e involucran distintos sectores de la comunidad nicaragüense, todo un ejército volcado a limpiar mercados, desinfectar terminales de buses y centros escolares. Un ejército de facilitadores de la salud que han hecho miles de visitas a las comunidades promoviendo medidas de seguridad, prevención y de limpieza.

Bajo ninguna circunstancia en Nicaragua el ejército ha estado para contener la movilización o las protestas que están sucediendo en otros países de Latinoamérica, precisamente por esas medidas de excepción.

--¿Cuál es el criterio que comparte en esa Mesa de Diálogo a partir de la experiencia de Nicaragua?
Que haber aplicado las medidas de excepción para contener el coronavirus es un error y eso se está demostrando. Al contrario de lo que sucede en Nicaragua y de acuerdo a nuestras posibilidades hemos logrado mantener la actividad económica. Hemos logrado mantener niveles aceptables de control de la transmisión del COVID-19. No hemos escapado a los efectos del coronavirus. Pero no hemos puesto una carga, ni otra carga sobre la espalda del pueblo nicaragüense.

--En esa Mesa de Trabajo se hará el análisis del impacto de la pandemia y de las medidas adoptadas por los gobierno en los derechos humanos a partir de personas pertenecientes a grupos sociales diferenciados. ¿Cuál es su propuesta al respecto?
Nosotros llevamos al diálogo la idea de plantear de que ese análisis no se debe hacer a partir de grupos afectados.

El análisis debe hacerse a partir de la distribución de la riqueza social. Porque es sencillo: el que tiene más acceso a la riqueza social, potencialmente tendrá más posibilidades; y el que tiene menos acceso y no tiene un gobierno con unas políticas vinculadas a la comunidad, va a estar más expuesto.

--¿De acuerdo a esa lógica para qué los gobiernos decretaron el estado de excepción?
Yo creo que esa es la pregunta central. Nos preguntamos si decretaron los estados de excepción para contener el virus o para contener el efecto que están teniendo las poblaciones mayoritariamente afectadas por el confinamiento o por los efectos que están teniendo en las economías de estos países, que ahora están tomando medidas de querer ir a la normalidad gradual.

--¿Usted considera que ha sido correcta la estrategia que tomó el gobierno para enfrentar el COVID-19?
Ha sido correcta, tanto desde el punto de vista de salud y de la protección de los derechos y garantías del pueblo nicaragüense.

--¿Cree usted que como parte de los derechos fundamentales de la humanidad es una obligación que se sepa cuál fue el origen del virus?
Nosotros en el diálogo vamos a compartir ese criterio. La especie humana necesita saber el origen del virus. No es descabellado pensar que sea por políticas de aralamiento de la especie, o que responde a intereses globales y políticos, donde los efectos de esto pueda ser posesionarse, alcanzar mayores controles sobre las poblaciones mundiales.

Compartimos algo de eso porque creemos que esto no debería quedar impune.

--¿Qué importancia tiene ese diálogo iberoamericano para la justicia constitucional?
Tiene una gran importancia. La justicia constitucional debe interpretarse como el más alto valor normativo de cara a garantizar entre gobernados y gobernantes un balance, donde los estados abusivos tengan un umbral de control de constitucionalidad o sea de legalidad de sus actos, que respeten el conglomerado de derechos y garantías.

El virus está dejando planteado que el análisis normativo debe trazar niveles donde la especie humana debe ser protegida, no solo el derecho individual de poder tener libertad de expresión, de libertad, de salud o derecho de protección a la vida, sino a la especie humana como tal, porque está en riesgo con virus de esta naturaleza y que no existe legislación.

--Supongamos hipotéticamente que el virus sea de laboratorio. ¿Qué norma existe para poder regular estos procedimientos?
No existe ninguno. Por eso afirmo que la especie humana está expuesta. De ahí la importancia de establecer un diálogo donde respetando las circunstancias de cada nación, de cada país, los pueblos tengan suficiente capacidad de participar en la defensa de su propia vida.