La delegada departamental de la Defensoría, licenciada Consuelo del Socorro Cáceres Vilchez, precisó que del total de servicios brindados, 726 correspondieron a causas judiciales (267 penales, 304 de familia y 155 civiles) y 481 a servicios no jurisdiccionales.

En el caso de estos últimos, se brindaron 420 asesorías, 46 mediaciones previas y se realizaron 15 actos notariales. “Estos servicios aumentaron en 228 casos, un 90 por ciento más en relación al año anterior”, indicó.

De igual manera informó que en el período evaluado se restituyó el derecho de alimentos a 150 niños, niñas y adolescentes, con sentencias en materia de Familia que ordenaron el pago de 479 mil 427 córdobas.

La licenciada Cáceres expresó que “pese al contexto de la pandemia se brindó el servicio a la población con calidad y calidez, cumpliendo con la misión de facilitar el acceso a la justicia a los usuarios de escasos recursos económicos y en condición de vulnerabilidad, como son los niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas de la tercera edad”.

Agregó, “el trabajo en equipo, la disposición de las defensoras y defensores para cubrir durante estos meses las áreas y los municipios de los que se encuentran de subsidio y la comunicación con los judiciales nos ha permitido hacer una excelente labor, que se refleja en el ingreso de 868 causas en las diferentes materias y el cierre de 503 expedientes para obtener un cumplimiento del 85%”.

La reunión estuvo presidida por el magistrado José Dolores Ubau, presidente de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Estelí, doctores Clarisa Indiana Ibarra Rivera y Cruz Adalberto Zeledón Torres, directora y subdirector de la Defensoría Pública, respectivamente. También estuvo presente la compañera Dania Sugey Martínez, alcaldesa de Somoto y el compañero Efrén González Briones, diputado del departamento de Madriz.

En el cuadro se refleja el trabajo de la Defensoría Pública en materia de familia en el departamento de Nueva Segovia.