El Dr. Julio C. Arias Roque, director de la DGCIP, explicó que “el tema de lavado de activos no solo es del interés de la jurisdicción penal, sino también de la materia civil”.

Los funcionarios también fueron instruidos sobre las normativas aprobadas por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la CSJ, que rigen el quehacer de los Abogados y Notarios Públicos como Sujetos Obligados.

El doctor Julio Arias Roque, director de la DGCIP, explicó que el tema de lavado de activos “no solo es del interés de la jurisdicción penal, sino también de la materia civil, porque el Estado ha venido aprobando y reformando leyes propiamente del Derecho Civil, para armonizar la legislación nacional con las Recomendaciones del GAFI”.

Por ejemplo, expresó, “se reformó la Ley General de los Registros Públicos y el Código de Comercio, dando origen al Registro del Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles (RBFSM), lo que constituyó un avance significativo para el país en materia de anti lavado y de cumplimiento a la Recomendación 24 del GAFI, relacionada con la Transparencia y Beneficiario Final de las Personas Jurídicas”.

El doctor Arias Roque recordó que la Recomendación 22 del Grupo del GAFI, contempla cinco actividades a ser reguladas, como la compra y venta de bienes inmobiliarios; administración de dinero, valores u otros activos del cliente y administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valares.

La Dra. Tania Galo Olivas, directora de Análisis, Comunicación  y Capacitación de la DGCIP, citó los convenios internacionales suscritos por Nicaragua, en materia de prevención de lavado de dinero y tráfico ilegal de estupefacientes.

Recomendación 22
También la organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas y la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, que son contempladas en la Normativa de Prevención, aprobada por el CNACJ.

Reiteró que “estas actividades están relacionadas con la jurisdicción civil, de allí el interés de capacitar a las y los funcionarios judiciales en la materia anti lavado”. Destacó el funcionamiento del sistema anti lavado en Nicaragua, que trabaja arduamente contra la criminalidad organizada.

La doctora Tania Galo Olivas, directora de Análisis, Comunicación  y Capacitación de la DGCIP, citó los convenios internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que Nicaragua ha ratificado, en materia de prevención de lavado de dinero y tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias controladas.

La doctora Galo Olivas divulgó los resultados de la evaluación nacional de riesgos y sectorial de las personas, estructuras Jurídicas y Abogados y Notarios Públicos.

La actividad académica es denominada: “La Jurisdicción Civil en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de las Armas de Destrucción Masiva”. Es dirigida a magistrados civiles, penales, jueces de distrito y locales civiles, secretarios judiciales y asesores.