Las licenciadas Silvia Elena Taleno y María Lourdes Medina (izquierda), psicóloga y trabajadora social del Consejo Técnico asesor del Tribunal de Familia, respectivamente,  refirieron sus experiencias en la realización de las valoraciones solicitadas por la autoridad judicial.

La comparecencia de las profesionales se produjo en el contexto de la celebración de la Semana de la Familia, contenida en el Artículo 36 del Código de Familia para que la sociedad reflexione sobre el rol que las y los nicaragüenses deben ejercer como miembros y conductores de sus familias.

Las licenciadas Medina Manzanarez y Taleno Oporta explicaron que, como equipo, su primera función es asegurar la estabilidad del grupo familiar e intervenir en los casos que la autoridad judicial determina como de mayor conflicto, para efectos de resolver procesos de cuido y crianza, declaración de incapacidad, suspensión de autoridad parental y régimen de relación parental con el padre o madre no custodio, entre otros.

“Ambas son fundadoras del Tribunal de Familia desde 2009, seis años antes de la aprobación del Código de Familia y hacen recomendaciones a los jueces sobre la idoneidad de los padres respecto de sus hijos”, explicó el director de Comunicación del Poder Judicial doctor Roberto Larios Meléndez, quien conduce el espacio radial junto a la doctora Maria Amanda Castellón Tiffer, directora de Resolución de Conflictos Alternos (DIRAC).

La licenciada Medina Manzanares señaló que las trabajadoras sociales inician el proceso de investigación trasladándose al terreno o entorno de la familia en estudio, donde aplicando el protocolo de actuación diseñado para ese fin, detectan los factores de riesgo y protección que determinarán la decisión judicial.

Licenciada María Lourdes Medina Manzanarez, trabajadora social del Consejo Técnico asesor del Tribunal de Familia.

Aporte técnico
La trabajadora social indicó que durante sus investigaciones, es común encontrarse con que papá o mamá se culpen de la desintegración familiar alegando consumo de drogas, abuso, alcohol, violencia, flagelos que constituyen lo medular de sus averiguaciones.

En el caso de las psicólogas, la licenciada Taleno Oporta indicó que se cita a los intervinientes para que se presenten al Tribunal de Familia, donde se les realiza la entrevista y se aplican las pruebas psicológicas, para luego elaborar el informe cuya parte sustancial son las conclusiones y recomendaciones plasmadas, a partir de las fortalezas y debilidades encontradas. “Nuestras recomendaciones tienen que estar dirigidas a disminuir ese conflicto y tratar que la familia tenga estabilidad y armonía, por lo que también hacemos propuestas”, subrayó.

Destacó además que la estandarización de la práctica de psicólogas y trabajadoras sociales, materializada en los protocolos, da la calidad técnico-científica de su labor, gracias a la coordinación y apoyo en capacitación, profesionalización y actualización permanente que la Secretaría de Género brinda al CTA.

Licenciada Silvia Elena Taleno Oporta, psicóloga del Consejo Técnico asesor del Tribunal de Familia.

En cuanto a las dificultades, la licenciada Medina dijo que se invierte mucho tiempo en ubicar a las partes que intervienen en el proceso, a lo que se suma el hecho de que sólo hay cinco trabajadoras sociales para atender los requerimientos de los 14 juzgados de Familia, razón por la que los abogados deberían propiciar el diálogo entre sus representados para una resolución alterna y expedita del conflicto.

Según la experta en Trabajo Social, otro inconveniente con el que deben lidiar es el acceso a los entrevistados para obtener información, cuando estos gozan de un nivel económico alto, porque no pueden hacer consultas vecinales, ya que en las zonas residenciales “nadie se entera de la vida del otro”.

“En muchas ocasiones no recabamos información valiosa; en los barrios la población te apoya y te da información, muchas veces (hasta) están concientizados de la necesidad de resolver la situación de un niño, una mujer o una persona de la tercera edad” involucrado en un proceso de Familia, explicó.

Agregó que a veces, desde la garita o aguja de la zona residencial les dicen que no pueden llegar “a molestar al residencial” y si logran acceder a la casa donde van a hacer su investigación, un guarda de seguridad en bicicleta anda viendo qué están haciendo ellas, o simplemente les aseguran que la persona que buscan no se encuentran en el lugar.