El magistrado de la CSJ, doctor Armando Juárez López, clausuró el curso de actualización sobre la Ley de Justicia Constitucional.

Al concluir el curso, se entregaron diplomas de participación.

Durante el acto de clausura el magistrado Juárez López, informó sobre el proceso de aprobación y ejecución del curso, cuyo objetivo fue “generar un diálogo que posibilitara el intercambio y la capitalización de experiencias sobre la aplicación de la ley, después de cuatro años de vigencia”.

El magistrado Armando Juárez López, agradeció el esfuerzo del Instituto de Altos Estudios Judiciales.

Originalmente, la idea era contar con la participación de aproximadamente 50 discentes. Sin embargo, “la expectativa generada y interés de parte de ustedes hicieron que finalmente se capacitara a 98 operadores de justicia, quedando una lista de espera para próximos encuentros, que se llevarán a cabo dada la magnífica experiencia resultante”.

“Sin duda, el sentido de la supremacía de la constitución se ha fortalecido como efecto de esta jornada de actualización, eso influirá decisivamente en la gestión profesional de cada uno de ustedes”, afirmó el doctor Juárez López.

Explicó que desde la entrada en vigencia de la Ley 983, se tuvo la oportunidad de compartir y armonizar criterios sobre la aplicación práctica de los principios de la justicia constitucional, los métodos y reglas de interpretación jurídica.

Estos principios son verdaderos ejes transversales que vinculan todos los procedimientos contenidos en nuestra ley, constituyendo el fundamento para la práctica de un constitucionalismo expresado en nuestra ley de procedimiento en base a los derechos reconocidos constitucionalmente.

Doctrina constitucional
El magistrado Juárez López, explicó que en el contexto de la doctrina constitucional actual “los principios, métodos y reglas de interpretación jurídica tienen como finalidad el logro de los ideales de justicia de una sociedad, alejándose de la simple función de suplir lagunas u omisiones de la ley”.

Los participantes en el curso intercambiaron experiencias y armonizaron criterios sobre la aplicación práctica de los principios de la justicia constitucional.

“Hoy en día, existe una franca tendencia mundial que conlleva la constitucionalización del ordenamiento jurídico, a partir de aplicar de forma directa la Constitución Política por parte de los tribunales de justicia. La defensa de los derechos recogidos en aquella, opera como una garantía material, que otorga significado a determinados preceptos constitucionales que cobran valor en el orden jurídico, como son la justicia y seguridad ciudadana, dijo el presidente de la Sala de lo Constitucional.

Explicó que lo anterior, sumado a la necesidad de fiscalizar a los órganos de poder para hacer corresponder sus actuaciones con la Constitución Política y garantizar la supremacía de la norma fundamental, el estudio y la comprensión efectiva de los mecanismos de control constitucional, son necesarios.

Agregó que, la Ley de Justicia Constitucional “como todo producto humano es perfectible, debe reconocérsele su gran valor como instrumento procesal, por lo que no debe permitirse que el Derecho Común colme, así sin más, alguna falta de regulación expresa que aquella pueda tener”.

Manejar las herramientas teórico-prácticas relacionadas con la aplicación de las disposiciones de la Ley de Justicia Constitucional, como mecanismo de control constitucional, “requiere el compromiso de la capacitación constante que ustedes han asumido con la mayor de las disposiciones al participar activamente en este curso, nutriéndolo desde el diálogo y la retroalimentación”, expresó.

El magistrado agradeció el esfuerzo del Instituto de Altos Estudios Judiciales para el desarrollo del curso. “La necesidad de continuar capacitándonos no se agota, porque la misión del intérprete de la Constitución es convertir el texto constitucional en una expresión del Derecho vivo, que resulte eficaz en la búsqueda del fin que debe perseguir la norma para la consecución de sus postulados fundamentales y eso sólo se consigue a través del estudio”, concluyó el magistrado Armando Juárez López.