El Dr. Julio Arias Roque, director de la DGCIP; el Secretario de la CSJ, Dr. Rubén Montenegro; la magistrada de la CSJ, Dra. Juana Méndez Pérez; el Lic. Joaquin Talavera Salinas, director de IAEJ y el Dr. Gerald Areas Lacayo, oficial notificador de la CSJ.

La magistrada explicó que durante el curso se abordarán “la normativa que regula sus funciones, los principales errores e infracciones que cometen los profesionales del Derecho, así como la labor preventiva y correctiva que realiza el Poder Judicial sobre la función pública de los profesionales del Derecho, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de la nación y de los usuarios de la justicia nicaragüense”.

La inauguración del primer curso se realizó durante un acto de juramentación de nuevos abogados y notarios celebrada en el lobby de la CSJ, espacio que aprovechó para recordarles sus derechos y obligaciones conforme el marco jurídico notarial nicaragüense, haciendo énfasis en “la obligación de actualizarse y capacitarse sobre el régimen de control y sanciones a que se encuentran sujetos y que compete a este Poder del Estado”.

Explicó que el CNACJ creó la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP), cuyas funciones serán expuestas durante el curso de inducción.

“Por orden de ley y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), fue creada dicha dirección y es necesario que conozcan cómo funciona, para que tengan claridad sobre sus deberes como sujetos obligados en la prevención, detección y reporte de operaciones potencialmente vinculadas al lavado de dinero y/o activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento de armas de destrucción masiva y otros delitos relacionados con el lavado de dinero”, explicó.

La Dra. Juana Méndez Pérez inauguró el primer Taller Introductorio para el Ejercicio de la Abogacía y el notariado.

Mayoría registrados
Según la magistrada, el 77.25% de abogados y notarios autorizados para ejercer la profesión del Notariado en Nicaragua, se han registrado como sujetos obligados ante la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento a las reformas de las leyes penales 976 y 977.

“El objetivo primordial de la DGCIP y en consecuencia de los sujetos obligados, es contribuir a una economía sana y segura, brindando seguridad a la sociedad nicaragüense; y cumplir con compromisos internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado”, señaló la funcionaria.

Explicó que en el curso “se abordarán las obligaciones de ustedes como sujetos obligados y la normativa que enmarca esta función; los tipos de transacciones para o por cuenta de sus clientes que deben ser reportados”.

También se conocerá del análisis que realiza la DGCIP de los reportes sospechosos emitidos por abogados y notarios sobre las transacciones que realicen sus clientes y su remisión a la Unidad de Análisis Financiero (UAF); así también los instrumentos utilizados por este órgano y las sanciones que derivan de la infracción de la norma de la materia, informó la magistrada Méndez Pérez.

CSJ Inicia Talleres Inductivos para el ejercicio de la abogacía y el notariado con el objetivo de garantizar que los profesionales del Derecho se apropien de los nuevos marcos jurídicos vigentes.

La doctora Méndez, quien es también miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, recordó a los presentes que es una función del la Corte Suprema de Justicia “organizar y dirigir los procedimientos para la incorporación y otorgamiento de los títulos de abogado y notario público; extender autorización para el ejercicio de las profesiones de abogado y notario, lo mismo que suspenderlos y rehabilitarlos de conformidad con la ley”.

En este mismo orden, se presentará el procedimiento disciplinario de las quejas y como se resuelven en el CNACJ; los derechos que asisten a abogados y notarios para contestar oportunamente las quejas; de los recursos y consecuencias de las resoluciones, que derivan en sanciones de más leves a más graves.

Los cursos en su metodología y contenido serán dirigidos por el Instituto de Altos Estudios Judiciales, ajustado a reglamentos, leyes y disposiciones del Consejo Nacional de Universidades (CNU).