El proceso judicial que padre e hija (izquierda) protagonizaron durante años, materializó la imprescriptibilidad del derecho de alimentos.

Basado en el artículo 146 del Código de Familia, referido a la opción preferencial de compra que tienen hijos e hijas --cuando alcanzan la mayoría de edad--, sobre un inmueble no declarado vivienda familiar, el juez Cuarto de Distrito de Familia, José Ramón Barberena adjudicó la casa a Séfora Rodríguez Cortéz, una de los dos hijos de Danilo José Rodríguez Martínez que llevó a ejecución la sentencia judicial de pago de la pensión alimenticia.

La audiencia de subasta en la que adjudicó el bien inmueble, constituyó la parte culminante de un largo conflicto originado por el no pago de la pensión de alimentos a favor de Rodríguez Cortéz, ahora de 22 años, y de su hermano, también mayor de edad.

El inmueble ubicado en el reparto Lomas de San Judas se abrió a subasta cuando en representación de Lisseth del Carmen Madriz Pasos, la abogada Lidia María Mayorga Rayit  ofreció comprarlo por la suma de 10,000 dólares, precio que durante la “puja” se fue elevando hasta alcanzar los 18,300 dólares ofrecidos por la litigante.

La “puja” por la adquisición de la casa en subasta hecha por  la abogada Lidia María Mayorga Rayit (izquierda) no prosperó dada la preferencia legal que invocó la hija del ejecutado.

Por casi 20 minutos, la ejecutante y la postora se batieron en un “duelo de precios”, cada una ofreciendo pagar un valor superior, hasta que la hija del ejecutado no pudo ofrecer algo más de los 18,300 dólares. Sin embargo, la joven aprovechó este momento para invocar el artículo 146 del Código de Familia y solicitar a la autoridad judicial se le concediera la opción preferencial de compra.

Sin oposición de parte del ejecutado, quien ofreció pagar la pensión de alimentos equivalente a 6,751 dólares del total de los 18,300 dólares, Rodríguez Cortez se comprometió a entregar en ese mismo acto la suma de 9,000.00 dólares a su padre y ajustar los 2,548.25 dólares restantes al día siguiente, al momento de suscribir la escritura pública correspondiente.

El señor Danilo José Rodríguez Martínez recibió el dinero de la subasta de la casa que pasó a manos de su hija Séfora Rodríguez Cortez.

“Habiéndose concluido el proceso de subasta en el que la propiedad objeto de la misma será vendida por el señor Danilo José Rodríguez Martínez a su hija Séfora Rodríguez Cortez, con ello se concluye el proceso de ejecución”, consigna el acta de subasta y adjudicación emitida por el juzgado Cuarto de Distrito de Familia.

Así terminó el largo proceso en el cual el señor  Danilo José Rodríguez Martínez finalmente canceló la deuda alimenticia que tenía con sus hijos, debiendo vender la propiedad a su hija por un precio de 11,548 dólares, que según un perito valuador tiene un precio de 30,848.03 dólares.

Este proceso de ejecución materializó el Artículo 307 del Código de Familia, referido a la prevalencia del derecho de dar alimentos, el que define que tal derecho es personalísimo, imprescriptible, irrenunciable, intransigible e intransferible, por cuanto se hizo efectivo aún cuando los hijos ya son mayores de edad.