El Dr. Julio César Arias Roque, Juez Quinto de Distrito Penal de Audiencia de Managua.

“Esa esotra gran mentira de la derecha, al igual que las denuncias falsas sobre gente desaparecida en este país”, enfatizó el doctor Arias Roque, al comparecer el jueves 18 de octubre en el programa radial del Poder Judicial “Una Hora con la Justicia”,en Radio La Primerísima.

“Yo les puedo asegurar en los casos que he conocido, por la experiencia y por el estado anímico de los procesados, que estas personas no han sido maltratadas”, dijo el juez capitalino, negando que los reos permanezcan encadenados o sean objeto de tortura por parte de las autoridades carcelarias.

El juez cuestionó una publicación de un diario local sobre el caso de Amaya Coppens y otra persona, en la cual se afirma que ambos procesados habían “mostrado señales de estar encadenados, pese a que la periodistaque escribió esa nota ni siquiera estuvo presente en la audiencia”.

Amaya Eva Coppens Zamora, conversa animadamente en los juzgados de Managua, con su amigo Sergio Alberto Midence Delgadillo. Nota usted alguna señal de “tortura” en alguno de los dos?.

El doctor Arias Roque recordó que durante la audiencia Inicial de Amaya Coppens estuvo presente el señor André Raúl Bieber, representante de la Embajada de Bélgica en Nicaragua, quien constató la falsedad de las publicaciones, ya que los acusados estaban en buenas condiciones y sin manifestaciones de tortura física. 

“Al concluir la audiencia conversé con el señor Bieber, dijo que veía todo normal y que iba a estar presente en todo el proceso, para dar seguimiento al caso de Amaya. Él no manifestó nada sobre esa noticia tendenciosa de indicios de maltrato o haber estado encadenada, como afirmó de forma muy poco profesional ese periódico”, dijo el doctor Arias Roque.

El juez explicó que cuando se presentan reos con malestares de salud, son remitidos de inmediato al Instituto de Medicina Legal para que les realicen la valoración correspondiente, y en el caso de ser necesario, los médicos forenses los remiten a la unidad de salud especializada,para su debida atención.

Los Dres. Roberto Larios Meléndez y Gerardo Rodríguez Olivas, entrevistan al juez Julio César Arias Roque en el Programa “Una Hora con la Justicia”.

“En la Audiencia Inicial de la gente que quemó el plantel de Sébaco, uno de los procesados manifestó dolor abdominal provocado por una cirugía practicada de hernia umbilical, por lo que se fue remitido al IML y los custodios acataron la orden”, ejemplificó el judicial.

El doctor Julio César Arias Roque se refirió al delito de terrorismo, establecido en el Código Penal, reformado a recomendación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya sanción se mantiene igual, de 15 a 20 años de prisión, contrario a lo afirmado por los medios de la derecha.

“Es falso que se haya aprobado recientemente una ley específica contra el terrorismo, con el propósito de reprimir las protestas que iniciaron en abril, porque ya existía ese delito en nuestro Código Penal. También es falso que haya aumentado la pena para ese delito, ya que las sanciones no han variado”, enfatizó el doctor Arias Roque.

Amaya Coppens conversa animada con el diplomático André Raul Bieber. Como puede verse claramente, nada indica que haya estado “encadenada”, como publicó la derecha mediática.

En últimos dos años, el GAFI ha realizado evaluaciones en las cuales se discutió la necesidad de reformar el delito de financiamiento al terrorismo y de definir la figura de terrorismo, incluyéndose la de terrorista individual, precisó el funcionario.

“Nos hemos opuesto a que la pena para estos delitos se agrave y se aumenten las penas, ya que de modificarse excederían el limite constitucional de 30 años”, recordó el juez capitalino.

El artículo 394 del Código Penal, vigente desde el año 2008, establece el delito de terrorismo a “quien actuando al servicio o colaboración con bandas, organizaciones o grupos armados, utilizando explosivos, sustancias toxicas, armas, incendios, inundaciones o cualquier otro acto de destrucción masiva, realice actos en contra de personas, bienes, servicios públicos y medios de transporte, como medio para producir alarma, temor o terror en la población, en un grupo o sector de ella, alterar el orden constitucional  o causar pánico en el país, será sancionado con penas de quince a veinte años de prisión”.