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“Se administra justicia con estricto apego a la ley”

jueves 13 de diciembre de 2018


Escrito por Ana Mayling Luna Lara

* Afirma la Dra. Fátima Rosales González, jueza Décimo Tercero de Distrito Penal de Juicio de Managua.

Los fallos de jueces y juezas que conocen causas de personas acusadas por delitos contra el pueblo nicaragüense, como terrorismo, obstaculización de servicios públicos y otros ilícitos, están apegados a derecho, a la Constitución Política  y basadas en las pruebas, afirmó la doctora Fátima Rosales González, jueza Décimo Tercero de Distrito Penal de Juicio de Managua.

Dra. Fátima Rosales González, jueza Décimo Tercero de Distrito Penal de Juicio de Managua.

Los jueces se apegan “al principio de legalidad, al de inmediación, a la prueba que llega al juicio, y basado en esos principios emitimos un fallo absolutorio o condenatorio”, explicó la doctora Rosales.

La jueza recordó que la ciudadanía acude a los juzgados en búsqueda de tutela judicial efectiva, la cual se garantiza mediante el debido proceso y con el efectivo derecho a  la defensa, ya sea privada o pública.

Al comparecer en el programa radial del Poder Judicial “Una Hora con la Justicia”, en Radio La Primerísima, la doctora Rosales González explicó que tanto el testimonio de la víctima como la del testigo directo de los hechos, son fundamentales para que el judicial dicte un fallo condenatorio.

Otro elemento para condenar a los autores de un delito son las pruebas documentales, como los videos, capturas de pantallas de teléfonos celulares u otros equipos de la tecnología moderna, que de acuerdo a la ley perfectamente pueden ser presentados como evidencia.

“En materia penal existen diferentes pruebas para convencer al juez sobre la existencia de un hecho delictivo y de la participación de un acusado, como documentos o medios audiovisuales, que se incorporan al proceso y se unen a las pruebas testificales y periciales”, explicó la funcionaria del Poder Judicial.

La jueza aclaró que la ciudadanía afectada por estas personas, ha acudido reclamar una tutela judicial efectiva en las instancias judiciales, como víctimas de  delitos comunes que nada tienen que ver con asuntos políticos.

Dres. Gerardo Rodríguez Olivas y Roberto Larios Meléndez, presidente del TAM y vocero de la CSJ, respectivamente, en el programa  radial del Poder Judicial “Una Hora con la Justicia”.

Multas más severas
“Si matan a una persona o la lesionan, los afectados acudirán a los tribunales a demandar justicia, como lo ha hecho hasta ahora la ciudadanía que se ha visto afectada en sus bienes jurídicos de diferentes maneras. Estamos hablando de delitos comunes contra la vida, integridad física y orden público, no de delitos políticos”,  sostuvo la doctora Rosales González.

Las personas que obstruyeron la circulación realizaron delitos y violentaron los derechos humanos como la integridad física de las personas, cometieron lesiones, asesinatos, homicidios, robos, torturas y entorpecimiento de servicios públicos, ilícitos que afectaron la actividad de la ciudadanía, al impedirle a la población transitar libremente.

“Con los tranques interrumpieron la libre circulación de las personas y negaron el derecho al trabajo, salud y educación, delitos comunes que la población está demandando sea castigado”, enfatizó la doctora Rosales.

La jueza se refirió a los defensores de los acusados --la mayoría contratados por organismos de derechos humanos que hacen política en Nicaragua--, los cuales tienen una enorme carga de trabajo que les impide ejercer correctamente la defensa de los procesados, “y por eso algunos abogados ni siquiera presentan los escritos de intercambios de información y pruebas”.

Los abogados no presentan su estrategia de defensa y en muchos casos el defensor llega al juicio sin haber presentado el escrito de información y pruebas, “irresponsabilidad de la defensa que obliga al juez a reprogramar el juicio, provocando un incremento en los gastos del sistema judicial”, señaló la doctora Rosales.

Cifras proporcionadas por la magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, indican que 265 personas son procesadas actualmente en los tribunales, en su mayoría defendidas por abogados de organismos que hacen política con los derechos humanos, como uno de la CPDH que en dos ocasiones ha dejado en abandono a sus defendidos.

La jueza se pronunció a favor de que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, “imponga multas más severas a aquellos abogados que incumplan con la correcta defensa de los procesados”.

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