La doctora Ramos Vanegas destacó que “es gracias a este esfuerzo interinstitucional, en el marco de la Estrategia del Muro de Contención, que nos hemos consolidado como el país más seguro de Centroamérica, aún a pesar de las circunstancias vividas el año pasado”.

 

La presidenta del máximo tribunal consideró que “con todo y la crisis socio-política por la que atravesó nuestro país, seguimos estando libres del flagelo de las maras, nuestro territorio nacional no está dominado por carteles del narcotráfico internacional, ni se presentan aquí una serie de fenómenos lamentables que sí son cotidianos en los países del triángulo norte del istmo centroamericano”.

 

Aseguró que “estos niveles de seguridad no son productos del azar, sino de una labor conjunta y sostenida de las instituciones aquí representadas hoy, que tenemos el firme compromiso de luchar para que nuestro país no se vea envuelto en la vorágine de violencia que siembra el crimen organizado internacional en aquellas naciones donde se asienta.”.

 

La doctora Ramos Vanegas reiteró que precisamente porque la lucha contra el crimen organizado la hacemos de forma interrelacionada, es que también hemos diseñado programas de capacitación inclusivos, para todas las instituciones del sistema de justicia penal, a fin de que sirvan como foros de obtención de nuevos conocimientos, intercambio de experiencias y buenas prácticas que nos terminan enriqueciendo de manera recíproca”.

 

La magistrada presidenta aseguró que “como producto de esa misma coordinación interinstitucional, hemos ido desarrollando una serie de herramientas normativas, para hacer más efectiva las fases de investigación y sanción de quienes estén vinculados en estas actividades criminales”.

 

Entre las herramientas normativas desarrolladas mencionó la Ley de Prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados; la Ley de Ejecución, Beneficios y Control Jurisdiccional de la Sanción Penal; la Ley de Seguridad Soberana y más recientemente la Ley de la Unidad de Análisis financiero y la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

 

La alta representante del Poder Judicial afirmó que “programas formativos como el que hoy culminamos permite a sus discentes empoderarse del conocimiento de los conceptos contenidos en estos cuerpos normativos, para aplicarlos en las tareas cotidianas con plena propiedad”.

 

La magistrada presidenta finalizó su discurso invitando a los discentes “a no perder el entusiasmo por adquirir cada vez mayores conocimientos y aplicar a plenitud esas capacidades adquiridas a sus labores diarias, al servicio de la Patria y de la ciudadanía a la que nos debemos”.

 

El acto de graduación fue presidido por la magistrada presidenta del Poder Judicial, doctora Alba Luz Ramos Vanegas; el Mayor General Denis Membreño Rivas, Director General de la Unidad de Análisis Financiero; el Comisionado General, Xavier Dávila Rueda, Secretario General de la Policía Nacional; el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua;  el doctor Gustavo Sirias Quirós, Director de Asociaciones sin Fines de Lucro; la Sub Comisionada Loriette Rodríguez, Jefa de Criminalística Especial; el licenciado Berman Martínez Martínez, Secretario General Administrativo del Poder Judicial y el licenciado Joaquín Talavera Salinas, Rector del Instituto de Altos Estudios Judiciales.

 

En el acto los 48 graduandos, funcionarios del sistema de justicia penal –jueces, juezas, Defensores Públicos, Policía Nacional y Ministerio Público--, recibieron de manos de las autoridades presentes sus respectivos diplomas.

 

La coordinadora académica del postgrado de Delitos de Crimen Organizado, fue la doctora Adela Cardoza.