Escrito por Redacción Central
El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, desmintió una nota publicada este 18 junio por un diario local, según la cual se ha emitido una “orientación” a los jueces en relación a los juicios afectados por la Ley de Amnistía recién aprobada en la Asamblea Nacional.
“Esa noticia es totalmente falsa. Nosotros sólo aplicamos las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. La independencia judicial establece que el juez resuelve la causa conforme a Derecho y a las leyes vigentes”, aseguró el magistrado.
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| Dr. Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del TAM. |
El doctor Rodríguez Olivas manifestó que “no nos sorprende la noticia de ese periódico, la cual tiene enormes inconsistencias, ya que ningún presidente de Tribunal de Apelaciones, por ley y por la Constitución Política, puede instruir a los jueces qué hacer con los casos que están conociendo”.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece como atribuciones del presidente del Tribunal de Apelaciones: representar al Poder Judicial dentro de la circunscripción donde ejerce su competencia; organizar el trámite de los asuntos que debe resolver el tribunal.
Asimismo, ejercer el régimen disciplinario sobre el personal de apoyo a su cargo; efectuar la distribución del trabajo entre los miembros del tribunal, vigilar el mantenimiento y administración de las instalaciones físicas y demás bienes y recursos adscritos al Tribunal correspondiente.
“Los presidentes de los tribunales de apelaciones tienen funciones administrativas, ellos no pueden ordenar a ningún juez qué hacer o no hacer en los asuntos de su competencia esa “noticia” es débil, inconsistente y con un interés totalmente político”, afirmó el funcionario.
Agregó, “la obligación del Poder Judicial y de los jueces es aplicar las leyes de la República de Nicaragua; si hay una ley aprobada por la Asamblea Nacional, llámese Ley de Amnistía, el juez la aplicará, ya que su función es juzgar y ejecutar lo juzgado, conforme a la legislación vigente”.
La Ley 996, Ley de Amnistía, concedió la libertad a las personas investigadas, procesadas y condenadas por los diversos delitos cometidos durante la ola de violencia ocurrida el año pasado.
El magistrado recordó que el Poder Judicial ha sido objeto de una agresiva campaña mediática, para intentar desprestigiar a sus autoridades y deslegitimar el quehacer institucional de esta institución del Estado.
“Desde hace años han intentado erosionar el prestigio del Poder Judicial, reconocido a nivel internacional, porque hemos mejorado la administración de justicia. Esa campaña de desprestigio obedece a intereses creados, que no son precisamente los intereses del país”, finalizó el presidente del TAM.
