Escrito por Claudia Esmeralda Miranda Baltodano
La doctora Clarisa Indiana Ibarra Rivera, directora de la Defensoría Pública, presentó al magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, los avances de esa dependencia del Poder Judicial, respecto al proyecto de mejora organizativa funcional.
“El proyecto organizativo funcional tiene como objetivo fortalecer el accionar de la sede central de la Defensoría a fin de elevar los niveles de eficiencia y eficacia. El mismo desarrolla a través de cuatro componentes”, explicó la doctora Ibarra Rivera, al presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua.
.JPG) |
La Dra. Clarisa Indiana Ibarra Rivera, Directora de la Defensoría Pública expone al presidente del TAM los avances de esa la institución respecto al proyecto de mejora organizativa funcional.
|
El primer componente es el de procesos, con el cual se ha cumplido la regulación del servicio de la Defensoría, establecida en el Acuerdo número 38 de la Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que determina a quienes podemos dar el servicio y bajo qué condiciones.
Asimismo se ha actualizado el Manual de la Oficina de Servicios Comunes y la Normativa del Flujo de Atención en la Defensoría Pública. Actualmente también se está trabajando en el diseño de los manuales administrativos y de los procesos en materia penal, de familia, civil y laboral.
“Un ejemplo de nuestro avance es que para el año 2015 redactábamos las demandas de los usuarios en 3 o 4 meses, ahora la redactamos casi inmediatamente”, explicó la directora de esa dependencia del Poder Judicial.
El segundo componente es el de recursos humanos, con el cual se está trabajando el manual de puestos de trabajo de la Defensoría y se desarrolla el proceso de selección de del personal. Esta institución actualmente tiene a nivel nacional 379 defensoras y defensores públicos.
“Se realizó una propuesta de protocolo notarial para que los defensores públicos que por ley tienen prohibido ejercer el notariado, puedan en las delegaciones cartular en materia de familia, pero únicamente en las causas que estén ligadas al proceso o al servicio. Para ello pedimos al CNAJ nos autorizara esa disposición”, añadió.
“La Normativa de los Auxiliares es otro avance de la Defensoría, pues mediante ese proceso de enseñanza los estudiantes se empoderan de la gestión pública y de todas las actividades formativas que se ejecutan como parte de las prácticas pre profesionales que realizan los universitarios”, expresó la doctora Ibarra Rivera.
El tercer componente es el informático con el cual se está realizando el rediseño del Sistema de Gestión de Expedientes (SEGEX). El último componente el de infraestructura garantizará un mejor acceso a los usuarios del servicio de la defensa gratuita, para ello se deberá diseñar y construir el edificio de la Defensoría Pública.
“Desde la dirección de la Defensoría Pública y el Proyecto de modernización, contando con la aprobación del CNAJ, se han rediseñado estrategias de seguimiento y apoyo para la continuidad del proyecto, involucrando a otros actores que fortalezcan los equipos de trabajo”, concluyó la doctora Ibarra.
Acompañaron a la directora de la Defensoría Pública, la Dra. Maria Esperanza Nieto, subdirectora de esa institución; doctora Sheyla Calero, delegada departamental de Managua; doctora Belinda Guevara, responsable de Ejecución y Pena.
Asimismo el doctor Marlon Pastora, responsable del área de familia; doctora Thelma Arévalo, responsable de la Oficina de Servicios comunes; doctora Bertha Arguello, responsable de la Oficina de Planificación y Estadísticas y la doctora Andrea Baltodano, responsable de los municipios de Managua.
