Tras conocer los resultados del fallo judicial, la ex pareja del músico optó por el recurso de  apelación.

La batalla legal por la reducción de la pensión culminó favorablemente para el artista, tras varios meses en los que la conciliación nunca llegó a ser una opción para las partes, particularmente para la madre demandada, que consideraba injusto bajar los estándares de vida a su hija, cuya manutención mensual cuantificaba en 26,000 córdobas.

Por su parte, el concertista planteaba su incapacidad económica para asumir la suma impuesta por resolución judicial, razón por la cual solo estaba aportando el equivalente a 60 dólares. La situación se le tornó más compleja, porque desde febrero de este año quedó sin trabajo y tuvo que empezar a vender algunos instrumentos musicales para poder cubrir parte del pago de la pensión.

Durante el proceso y por solicitud de la demandada, la jueza Noveno de Distrito de Familia, doctora María de los Ángeles Soza, ordenó la realización de un estudio social, para verificar la renta presuntiva del demandante. Además, levantó el sigilo bancario para el músico.

Fue así que la Superintendencia de Bancos le informó que el guitarrista “no es cuenta habiente” del sistema financiero y que la única cuenta en dólares que abrió en el año 2,005 fue cancelada hace cuatro años, pues nunca generó movimiento alguno. En tanto, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, reportó que el salario devengado por el demandante desde mayo a octubre del año pasado, fue de 8,000 córdobas mensuales.

La trabajadora social del Consejo Técnico Asesor, María Lourdes Medina Manzanares, informó a la judicial que además de que demandante y demandada están sin trabajo, el primero asegura que es su papá quien le está ayudando a resolver sus necesidades económicas, mientras que la segunda, trasladó a la niña del colegio privado en que estudiaba hacia otro “más favorable”.

Cuidado a las emociones
Invocando el ordenamiento jurídico nacional e internacional relativo a la familia, niñez y  adolescencia, la doctora Soza dio lugar a la modificación de la sentencia de hace seis años solicitada por el concertista, quien demostró que sus circunstancias económicas han cambiado, de manera que la pensión que deberá entregar a su hija a partir de diciembre será el equivalente al 25 por ciento de los ocho mil córdobas, que fue su último ingreso económico.

Agregó que en su calidad de progenitores y tomando en cuenta las posibilidades económicas de cada uno, demandado y demandada deberán ponerse de acuerdo en la elección del colegio en que su hija estudiará, “a fin de no dañar su parte emotiva”, dado que por su edad y capacidad progresiva los cambios continuos desestabilizan su aprendizaje.

Ambas partes deberán asumir el 50 por ciento de los gastos extraordinarios de educación, salud y vestuario de su hija.

Mientras duró el proceso, el artista se quejó de que su ex pareja nunca lo tomaba en cuenta en las decisiones que concernían a su hija, tanto así que las visitas al médico las realizaba en uno de los hospitales privados más caros del país.

En atención a la opinión de la niña, la jueza noveno de Distrito de Familia ordenó que en  semanas alternas y en fechas festivas y vacaciones, deberá relacionarse el 50 por ciento del tiempo con su padre, al que describió como “cariñoso”, igual que la familia de éste; pero además, durante el período que ambos compartan, el demandante deberá revisar y realizar con ella las tareas.

La jueza Soza desestimó la petición de la demandada (20 años menor que el demandante), de obligar al músico a pagar el 50 por ciento de alquiler de la casa en la que ella vive, con la niña y su actual pareja.