Notas de Prensa

“Los abogados tenemos la obligación de proteger al país”

jueves, 11 de febrero de 2021


Escrito por María Elsa Baca Suárez

* Afirma el magistrado de la CSJ, doctor Gerardo Arce Castaño.

“Los abogados y Notarios Públicos tenemos la obligación de proteger al país, su economía y la integridad del Sistema financiero de los riesgos asociados al lavado de activos y del financiamiento al terrorismo”, afirmó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Gerardo Arce Castaño.

El magistrado Gerardo Arce explica a los nuevos abogados y notarios públicos la importancia de cuidar al país del lavado de dinero y activos, el comercio de armas y tráfico de drogas, que son delitos que representan un flagelo que afecta a todos los países a nivel mundial.

Durante un acto de juramentación realizada el pasado jueves en el lobby de la CSJ, el magistrado instó a los promesantes a contribuir con la protección de la nación cumpliendo con la responsabilidad que “como sujetos obligados tenemos de detener el financiamiento que permite la proliferación de armas de destrucción masiva, lavado de dinero, entre otros delitos contemplados en nuestra legislación nacional dentro del marco de aplicación de la Ley N° 977”.

El magistrado Arce Castaño, quien es también miembro de las salas Civil y Contencioso Administrativo del supremo tribunal, agregó que el lavado de dinero y activos, comercio de armas y tráfico de drogas son delitos que representan un flagelo que “afecta a todos los países a nivel mundial, ya que socava las economías, la seguridad, el bienestar social y los gobiernos de los diferentes estados”.

Al dirigirse a los nuevos abogados y notarios les emplazó: “evitemos que nuestra profesión sea utilizada para camuflar actividades criminales, ya que los servicios que prestamos pueden ser obligatorios para usar ciertos sistemas de blanqueo, por ejemplo, la constitución de sociedades”.

De igual manera les indicó que entre las actividades o transacciones realizadas para sus clientes y que deben ser reportadas por los abogados y notarios se encuentran la compra-venta de bienes inmobiliarios, la administración de dinero, valores u otros activos del cliente; la administración de cuentas bancarias, de ahorros o valores para los clientes, la organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas; la creación, operación y administración de personas o estructuras jurídicas, así como compra venta de entidades comerciales.

Abogados y notarios durante su promesa de ley.

Cumplimos requerimientos
El magistrado explicó que desde el año 1989 la comunidad internacional llevó a cabo iniciativas que contribuyan a la lucha contra estas prácticas, creándose los organismos GAFI, Grupo de Acción Financiera y el GAFILAT -Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica- , “de igual manera se definen las APNFD que son las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, dentro de las cuales entra la profesión nuestra de Abogados y Notarios como agentes coadyuvantes de los Estados adscritos”.

Nuestra legislación macional dentro del marco de aplicación de la Ley N° 977 enlista a estas profesiones que se consideran Sujetos Obligados a informar a la UAF (Unidad de Análisis Financiero).

Entre las profesiones o actividades mencionadas se encuentran los casinos, los corredores de bienes raíces, comerciantes de metales preciosos y/o piedras preciosas; comerciantes y distribuidores de vehículos nuevos y usados; proveedores de servicios fiduciarios; contadores públicos autorizados y los Abogados y Notarios Públicos autorizados e incorporados a través del Poder Judicial.

El GAFI es un ente intergubernamental creado en 1989 por el grupo de los 7 países más industrializados, mientras el GAFILAT es una organización intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe. Ambas organizaciones, buscan fijar estándares y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir esos delitos y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

“Estos estándares son los que se denominan recomendaciones que tienen una influencia decisiva en los esfuerzos de lucha frente a estos delitos y fueron emitidas en 1990, aunque han sido sometidas a varias revisiones avaladas por los 180 países”, agregó.

El magistrado Arce Castaño explicó que actualmente se reconocen universalmente como los estándares internacionales contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

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