“El Poder Judicial está adaptando la justicia a las necesidades e intereses de niñas, niños y adolescentes que sufren violencia en todas sus formas”, expresó la Dra. Alba Luz Ramos Vanegas.

El diplomado sobre el protocolo forma parte de las medidas impuestas en el año 2018 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso denominado “V.R.P y V.P.C contra el Estado de Nicaragua”, donde se determinó la responsabilidad de nuestro país por la falta de respuesta estatal frente a la violación sexual cometida en el año 2000 contra una niña. El caso fue sometido a la jurisdicción de la CIDH en el año 2016.

La CIDH ordenó la adopción de protocolos que establecieran medidas claras de protección y criterios a tomar en cuenta durante las investigaciones y procesos penales derivados de actos de violencia sexual en perjuicio de niñas, niños y adolescentes; y la implementación de capacitaciones y cursos de manera permanente para funcionarios que trabajaran con casos de violencia sexual.   

La doctora Ramos Vanegas explicó que inmediatamente, al ser informados de la resolución de la CIDH, se creó una comisión técnica integrada por magistradas, magistrados, jueces, juezas, el Instituto de Medicina Legal y la Defensoría Publica, todos especialistas en violencia de género, quienes en coordinación con la Secretaría Técnica de Género de la CSJ procedieron a dar cumplimiento con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana.

En cumplimiento de la sentencia de la CIDH, la Corte Suprema también aprobó los siguientes protocolos estandarizados de actuación judicial: para procesos penales en delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes; sobre abordaje integral y valoración médico legal para estos casos; y de la defensora o defensor público especializado de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, especialmente de  violencia sexual.

Magistradas y magistrados que integran las salas penales de los Tribunales de Apelaciones, cursan el diplomado.

La Ley 779
En la sentencia también se determinó que la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, implementa un sistema de enjuiciamiento de casos de violencia de género, en particular los de violencia sexual, distinto al vigente en el año 2000, cuando ocurrieron los hechos.

Con la promulgación de la Ley 779 se crearon los juzgados especializados de Violencia, integrados por una jueza o un juez técnico, excluyendo de esta manera la posibilidad de que un caso de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes fuese juzgado por un jurado popular.

Al inaugurar el diplomado, la presidenta de la CSJ expresó que “en el caso del Poder Judicial, debemos fortalecer las capacidades institucionales para la prevención de la violencia, a través del reconocimiento y protección integral de los  derechos de las víctimas, para no caer en la victimización institucional, que se produce cuando no se cumple con el deber de las autoridades, de tutelar  los derechos de niñas, niños y adolescentes en las decisiones judiciales, garantizando la reparación integral”.

La presidenta de la CSJ estuvo acompañada por el Lic. Joaquín Talavera Salinas, rector del instituto de Altos Estudios Judiciales y la Dra. Ángela Rosa Acevedo Vásquez, secretaria técnica de Género de la CSJ.

Durante dos meses, los participantes del diplomado estudiarán temas relacionados a la construcción socio-histórica de género, de la niñez y adolescencia; la vinculación con las diferentes formas de violencia  que sufren las y los niños; y las directrices y orientaciones para lograr una argumentación jurídica con perspectiva de género.

“El poder judicial está adaptando la justicia a las necesidades e interese de niñas, niños, y adolescente que sufren violencia en todas su formas,  cuidando que el interés superior del menor guie la actuación judicial, así como respetar el derecho de participación de ellas y ellos en el proceso; tomando en cuenta la edad, grado de madurez y nivel de comprensión, para no excluirlos del proceso y sobre todo, creerles cuando opinen o expresen sus hechos”, manifestó la presidenta de la CSJ.   
 
Con esta formación las y los administradores de justicia contarán con herramientas efectivas y eficaces, para el abordaje de los procesos donde figuren niños, niñas y adolescentes como víctimas de violencia sexual, aplicando los estándares de derechos humanos y la perspectiva de género.

La magistrada Alba Luz Ramos Vanegas finalizó su intervención afirmando que “esperamos que culminen este proceso de formación y sensibilización  con buenos resultados, los que se apreciarán cuando no haya para Nicaragua sentencias como la del 8 de marzo del 2018”.