Escrito por Marlon José Ocampo Espinoza
Wawashang, RAAS
La Corte Suprema de Justicia trabaja en la armonización del derecho positivo y el derecho consuetudinario en la Costa Caribe, para lograr estabilidad, armonía, desarrollo económico, gobernabilidad y alcanzar la paz entre las familias indígenas y afrodescendientes de esta región, informó el vicepresidente del Poder Judicial, magistrado Marvin Aguilar García.
La propuesta de la Corte Suprema de Justicia de armonizar el derecho positivo con la justicia tradicional, fue planteada por el vicepresidente Aguilar García ante el Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe, la que fue avalada por el mismo Consejo, por ser considerada de gran importancia dentro del Plan de Estrategia de Desarrollo de la zona.
La propuesta fue valorada de muy importante por parte del viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua, Joel Dixon, porque aseguró que “hasta este momento no existe una armonización justa, ya que prevalece el derecho positivo”. No obstante, señaló que “es un reto para el Estado de Nicaragua mejorar esa relación, para que el sistema de administración de justicia comunitaria siempre funcione”.
“Esa armonización del derecho positivo con el derecho consuetudinario vendría a resolver muchos problemas que se ven dentro del derecho estatal”, dijo el viceministro, agregando que lo que cabe “es el sistema de justicia consuetudinaria reconocido como un sistema de justicia válido, con sus estructuras y sus normativas”, aseveró.
“Definitivamente”, continuó diciendo, “la armonización del derecho positivo con el derecho consuetudinario ha sido un gran avance, pero hay que mejorar todavía, teniendo en cuenta que este sistema del derecho consuetudinario es una herencia tradicional de los pueblos indígenas y afro descendientes de la Costa Atlántica”.
En este periodo del gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional que dirige el comandante Daniel Ortega Saavedra, acotó el alto funcionario de Relaciones Exteriores, ha habido una política de impulsar y trabajar para hacer que realmente el sistema de administración de la justicia comunitaria de los pueblos indígenas y afro descendientes funcione, aplicando el artículo 20 del Código Penal”, afirmó el viceministro Joel Dixon.
“La justicia comunitaria es administrada por los Whitas muy anterior a la justicia estatal, procura el bien común y restablecer la paz social dentro de las comunidades indígenas. Por tanto, al reconocer el derecho consuetudinario de los pueblos afro descendientes de la Costa Caribe y al armonizarlo con el derecho positivo, se estará dando seguridad jurídica y reivindicando el derecho de estos pueblos indígenas a ser juzgados en su propia lengua, bajo sus propias costumbres y tradiciones, finalizó el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Indígenas y Afrodescendientes.
