Escrito por Maria Elena Campos M.
El Tribunal de Apelaciones de Granada y la Compañía Azucarera del Sur (CASUR), suscribieron el viernes pasado un convenio de ayuda financiera para el programa de facilitadores judiciales en la región de Rivas.
Con la firma de este convenio la empresa azucarera se comprometió a entregar mensualmente la cantidad de quince mil córdobas al programa de facilitadores judiciales, que cuenta ya con la participación de 130 ciudadanos voluntarios que realizan mediaciones, tanto en comunidades urbanas como rurales de este departamento.
Esta suma será destinada para el pago de alquiler de un local en la ciudad de Rivas, en donde se instalará una oficina de atención de los facilitadores judiciales y para gastos de transporte, alimentación, capacitaciones o eventuales nombramientos de facilitadores.
El convenio fue firmado en las instalaciones de la empresa, por el Gerente General de CASUR, ingeniero Mario Cuadra Shultz y el doctor Carlos Padilla, en representación del TAG; además de la firma en calidad de testigo de honor, de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Yadira Centeno González.
Durante la ceremonia el Ing. Carlos Calderón, Gerente Administrativo de CASUR, hizo énfasis en el compromiso social y ambiental que esta empresa, localizada en el municipio de Potosí, tiene con sus pobladores.
La magistrada Yadira Centeno también resaltó la importancia y el compromiso que ambas instituciones asumen con la firma de este convenio.
“A través de este convenio CASUR reafirma la responsabilidad social que está asumiendo la empresa privada hacia los problemas que aquejan las comunidades aledañas, incidiendo directamente en mejorar los estándares de vida de los ciudadanos¨.
¨El Poder Judicial agradece profundamente este apoyo económico de CASUR, que rendirá grandes frutos en este departamento. Este convenio contribuye a edificar una sociedad más consciente de sus derechos y deberes”, afirmó la magistrada Centeno González, al clausurar la ceremonia de firma de convenio.
Al mismo tiempo las partes basándose en que este servicio es un trabajo voluntario desempeñado por los ciudadanos de la localidad, se comprometen a intensificar el reconocimiento social de estos.
A la ceremonia también asistieron la doctora Ángela Gross Galeano, magistrada de la Sala Civil del TAG; la doctora Clarissa Ibarra, Directora Nacional de la Defensoría Pública; jueces Locales y defensores públicos de Rivas y otros Gerentes de CASUR.
El Programa de facilitadores judiciales en el departamento de Rivas se ha implementado desde el año 2007 en todos sus municipios, logrando desde entonces no sólo descongestionar los juzgados locales, sino también impartiendo charlas y capacitaciones con el fin de prevenir y reducir el número de delitos en sus comunidades.
