En esta visita la jueza de San Carlos estuvo acompañada por la magistrada del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central (Juigalpa), doctora María de los Ángeles Mendoza.

Durante el arduo recorrido --realizado sobre todo en bote-- por las diversas comunidades de la Costa Sur, “juramenté siete facilitadores para las zonas de San Ramón y Papaturro --en Los Guatuzos— y las islas de San Fernando y La Venada, en Solentiname”, informó la doctora Celia Ivania Cruz Rodríguez.

“Para nosotros el servicio que prestan los facilitadores es de gran apoyo, sobre todo por la distancia que hay de una comunidad a otra; para los pobladores de estas comunidades se les hace muy difícil poder llegar hasta San Carlos a interponer una denuncia, porque son hasta tres día de camino para ir y regresar”, dijo la judicial.

La doctora Cruz explicó que “aunque estos viajes no son de un día, yo siempre trato de hacer visitas a estas comunidades, porque de ese modo la población no se siente olvidada”.

Apoyo radial
La funcionaria señala los serios problemas de comunicación que existen con estas comunidades, para lo cual la judicial ha buscado el apoyo de una radioemisora local, a través de la cual se mantiene en contacto con los Facilitadores, pues “de algún modo nos tenemos que comunicar”.

Entre las funciones que la jueza está desarrollando con los Facilitadores Judiciales están “brindarles capacitación, orientarlos, explicarles cuáles son los casos en los que se pueden mediar y cuáles no, por ejemplo, ya ellos saben que en lo que es la Ley 779 no pueden intervenir ni mediar”.

La juez local penal de San Carlos manifiesta que ha desarrollado buenas coordinaciones con otras instituciones, como Marena, Migración, Policía y Ejército, “esto lo hacemos con el objetivo de ahorrarles el viaje a los pobladores de estas comunidades, porque además de largo es caro y el único transporte es el bote”.

Por su parte la magistrada del Tribunal de Apelaciones de Juigalpa, doctora María de los Ángeles Mendoza, manifestó que “el tener facilitadores judiciales en estas zonas es una gran ayuda, pues ellos cubren las diez comunidades que están alrededor de la Costa Sur, a lo largo de la reserva Los Guatuzos”.

Entre todas estas diez comunidades hay alrededor de 1,380 habitantes, siendo la más poblada Santa Elena, que cuenta con 600 habitantes. “Durante nuestro recorrido sostenemos encuentros con los pobladores, donde ellos aprovechan para exponer sus problemas y pedirnos que no nos olvidemos de ellos”, informa la doctora Mendoza.

“Lo bueno es que se han involucrado las distintas organizaciones, entre ellos los pastores de las iglesias, los gabinetes de gobierno del Poder Ciudadano, hemos involucrados a los jóvenes y hemos impartido charlas sobre Trata de Personas, Crimen Organizado, la Narcoactividad, el problema de las drogas, la política que tiene el estado en relación con ese tema y la Ley 779”, explicó la magistrada de la circunscripción central.

La judicial asegura que “también los insté a que no pierdan sus valores nicaragüenses, ya que ellos viven a tan sólo 60 kilómetros de Upala, en Costa Rica; de manera sencilla les explico lo que es la Trata de Personas y cómo pueden ser víctimas nuestras niñas, nuestras jóvenes, con sólo conseguir un trabajo en un lugar que no es el nuestro”, finalizó Mendoza.