Salgado reveló los resultados de una encuesta al dirigir su discurso en el acto de nombramiento de 60 personas con discapacidades diferentes como Facilitadores Judiciales del departamento de Masaya, presidido por el magistrado vicepresidente del Poder Judicial, doctor Marvin Aguilar García.

“Los Facilitadores Judiciales son importantes y deben asumir retos para la atención a las personas con discapacidad en sus comunidades, a fin de construir una sociedad incluyente”, afirmó la Procuradora Especial para los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, Rosa Salgado.

La Procuradora Especial de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, expresó que un 62% de las personas encuestadas refleja que la relación con sus hijos ha mejorado gracias a las charlas y asesoramiento que les brindan constantemente los Facilitadores Judiciales.

¨El trabajo de los Facilitadores judiciales es muy importante dentro de la comunidad, en los barrios, para que las familias puedan ser escuchadas y puedan ser atendidas. Ha sido un trabajo increíble el que han venido ejecutando casi en silencio los facilitadores judiciales”, dijo Salgado.
 
“La encuesta también refleja que el 54 % de la población reconoce que las charlas y asesorías que brindan los Facilitadores Judiciales han ayudado a mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones en su hogares¨, manifestó la licenciada Salgado.

Las estadísticas, agregó la procuradora, arrojan que el 80 por ciento de las mujeres encuestadas afirman que se sienten capaces de participar en la toma de decisiones en sus hogares.

La encuesta refleja que existe la percepción en la población de que antes de existir los Facilitadores Judiciales su participación en la toma de decisiones en el hogar era menor, indicó Salgado.

“Los Facilitadores Judiciales son importantes y deben asumir retos para la atención a las personas con discapacidad en sus comunidades, a fin de construir una sociedad incluyente”, afirmó la Procuradora.

Durante su intervención Salgado hizo un llamado a todos  los jueces y operadores de justicia, para que conozcan el lenguaje de señas, y cuenten con una base de datos de personas intérpretes de lenguajes de señas  que puede ser facilitada por las asociaciones de personas con discapacidad.