Notas de Prensa

Concluye con éxito diplomado sobre Facilitadores Judiciales

lunes, 16 de noviembre de 2009


Escrito por Dirección General de Comunicación

Ciento noventa operadores de justicia culminaron exitosamente el segundo diplomado a nivel nacional de capacitación sobre el servicio de Facilitadores Judiciales, que impulsa en todo el país el Poder Judicial con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En marzo del 2003 la CSJ firmó un convenio de cooperación  con la OEA para reforzar el acceso a la justicia y  fortalecer mecanismos de prevención y resolución alterna de  conflictos, como forma de mantener el equilibrio social y  la convivencia  armónica.

De los 190 facilitadores diplomados en este último trimestre del año, 66 pertenecen a la circunscripción judicial del sur, repartidos específicamente en 37 de Granada y Rivas y 29 entre Masaya y Carazo. Al curso asistieron jueces, secretarios, defensores públicos, funcionarios de alcaldías, mé

El diplomado cubrió cinco sedes y se efectuó simultáneamente  en las ciudades de Masaya, Rivas, León y Bluefields desde mediados del 2009, donde se brindaron cuatro unidades de  estudio: el Servicio Nacional de Facilitadores, Formación de Facilitadores, el Principio de Oportunidad, Introducción a los Métodos Alternos de Conflictos y Género y Justicia.

El curso es una modalidad de estudio mixta, el cual  combina encuentros presenciales mensuales, estudio individual y el uso de una plataforma informática. “Considero que logramos el objetivo de que los los jueces se apropien y conozcan el Servicio de Facilitadores”, dijo  Danilo González, tutor en el diplomado por parte de la OEA.

González sostuvo que los funcionarios judiciales “deben estar conscientes que los facilitadores son personas auxiliares al  servicio de la administración de justicia y la comunidad, ellos realizan mediaciones previas, extrajudiciales y asesoran a las personas que les piden un servicio”.

Acceso a la justicia

El doctor Alcides Muñoz, tutor también en el diplomado, informó que este proyecto se circunscribe dentro de una estrategia global del sistema judicial, cuya función es fortalecer el acceso a la justicia y las políticas de género por parte de los sectores más vulnerables, como son las mujeres y los niños.

“Para lograr que se cumplan estas estrategias se requiere trascender de las estructuras formales, que llegan hasta el  juez local y para todo esto se requiere de multiplicadores  que participen en la administración de justicia y den a conocer esos contenidos”, explicó  Muñoz.

Leonora Urbina, secretaria del Tribunal de Apelaciones de  Granada y participante del diplomado, señaló que la  metodología utilizada durante este curso fue muy efectiva. “Las metodologías que pusieron en práctica fueron las correctas porque el alumno hacía la clase y es una forma para que aprenda por sí solo, así el alumno se hace responsable de su propio  conocimiento”, manifestó Urbina.

385 operadores de justicia se graduaron en la  primera edición del diplomado en el 2008, que se realizó en colaboración con la UNAN en 16 sedes que incluían Jinotega, Matagalpa, Estelí, Chontales y Managua.

Actualmente se trabaja en la organización del tercer diplomado, que se espera iniciar en el primer semestre del 2010. El Programa de Facilitadores Judiciales es  un  programa autóctono de Nicaragua, se inició en 1998 y desde el 2007 tiene presencia en nueve municipios de Rivas. Dos años más tarde se inició en el departamento de Granada, con la intención de implementar el servicio en cuatro  municipios.

Gracias a una donación de dos millones 391 mil 985 dólares del gobierno de Holanda, el programa de facilitadores judiciales podrá seguirse ejecutando en estos departamentos, para beneficiar a unas 591 mil personas con dificultades de acceso a los servicios de justicia.

Los facilitadores han contribuido a descongestionar los juzgados y reducir el costo por caso resuelto, ahorrando así un 25 por ciento del tiempo a los jueces locales. Asimismo han ayudado a fortalecer la relación de los jueces con las comunidades y a mejorar la percepción  pública sobre el  poder judicial.

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