Aunque su orientación sexual no es motivo para separarla de su hijo, la jueza Xiomara Narváez advirtió a la demandada que podrá vivir bajo el mismo techo con su pareja hasta que los expertos dictaminen que el niño tiene la madurez para comprender su inclinación sexual.

El singular proceso judicial lo tramitó la jueza Narváez Toruño, quien el 27 de mayo concedió el cuido, crianza y representación de su hijo a la joven y ordenó al padre le entregara las pertenencias, así como una pensión de alimentos equivalente al 25% por ciento de sus ingresos ordinarios y extraordinarios.

La sentencia relata que desde junio del año pasado, el niño pasó a vivir con su progenitor luego que este se presentó al Ministerio de la Familia, instancia ante la que exhibió un video en el que su ex pareja sostenía relaciones sexuales con una mujer, mientras se inducía al niño a que presenciara lo que estaba ocurriendo.

El fallo agrega que ante la admisión de los hechos por parte de la madre del menor, el MIFAN “incorporó temporalmente (al niño) en el recurso familiar” de la abuelita paterna y remitió a la joven a recibir atención sicológica y charlas sobre valores al centro de salud y la Escuela de Valores de su distrito.

Para proteger al niño, la jueza Xiomara Narváez ordenó terapia sicológica para él y su familia.

En octubre del año pasado, el padre del niño interpuso demanda contra su ex pareja ante el Tribunal de Familia, para que se le adjudicara el cuido y crianza, así como un régimen de visitas para que la madre viera al niño por dos horas cada quince días.

Ilicitud de pruebas
En noviembre, a través de su representante legal, la muchacha contestó la demanda y solicitó la pensión de alimentos, alegando que desde su nacimiento es ella quien ha ejercido el cuido y crianza del niño. Al mismo tiempo negó haberlo expuesto al peligro, tal como su ex pareja aseguró en el Ministerio de la Familia, donde dijo que ella lo dejaba con una adolescente.

Doctora Elba Xiomara Narváez Toruño, jueza Quinto de Distrito de Familia.

Luego de analizar la prueba documental y pericial, la jueza Narváez Toruño determinó que “el MIFAN dictó una resolución apresurada y subjetiva, puesto que se corrobora que la decisión (de separar al niño de su madre y entregarlo a la abuela) fue tomada de una denuncia de persona que pidió el anonimato”.

El fallo agrega que si bien la valoración sicosocial realizada estableció que el menor no corre riesgos en el entorno paterno y materno, en el caso del padre se determinó que por sí solo no tiene control sobre el niño; no presta la madurez ni autoridad para ejercer la autoridad parental que reclama y no propicia la autonomía e independencia del infante.

Respecto al video aportado como prueba contra la madre del niño, la judicial indicó que quedó evidenciado que se violentaron los derechos privados a la intimidad de las personas y también se comprobó la mala fe de los involucrados en la filmación, pues “de forma meditada, ventajosa y con alevosía” expusieron la integridad psicológica, emocional y espiritual del niño, al instarlo a que viera a su madre teniendo relaciones sexuales con otra mujer.

la jueza Narváez Toruño también fundamentó su decisión invocando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 24 de la Convención Americana que prohíbe la discriminación de hecho o de derecho, así como cuatro resoluciones de la Organización de Estados Americanos, que desde 2008 se ha pronunciado por el respeto a la protección de las personas contra tratos discriminatorios basados en su orientación sexual e identidad de género.