La decisión se toma un año después de la implementación de un proyecto piloto en ese sentido en la Circunscripción Occidental del Poder Judicial, coordinado por la magistrada de la CSJ y miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, doctora Juana Méndez Pérez, que dejó resultados de cumplimiento de un 148.1% de casos resueltos en el departamento de Chinandega y 106.6% en León.

 

Según el acuerdo, los juzgados Penales y Locales Únicos, resolverán de oficio los delitos menos graves de la Ley 779, cuya pena no supere los cinco años de prisión.

 

“Este proyecto surgió de la necesidad de evitarle a las víctimas de violencia tener que trasladarse desde el municipio donde habitan hasta la cabecera departamental a levantar una denuncia, porque significaba para ellas incurrir en gastos de movilización, alimentación e incluso el descuido de sus hijos menores”, expresó la magistrada Juana Méndez Pérez.

 

La funcionaria judicial agregó que “con este método se está cumpliendo de forma efectiva con las demandas y expectativas de la población usuaria, haciendo énfasis en las víctimas de violencia de género, en aquellas localidades que por su condición geográfica y social, presentan mayores obstáculos para acceder a una justicia ágil y oportuna”.

 

“Tuvimos algunos obstáculos, tales como la falta de representación del Ministerio Público a favor de los intereses de las víctimas de violencia de género. Sin embargo, el Poder Judicial tiene sus fortalezas y capacidades como institución y afrontamos esta  dificultad, suscitada al momento de la entrada en vigor del proyecto, con la disposición de los defensores públicos, quienes con su asistencia jurídica gratuita, en representación de los intereses de  las víctimas, nos ayudaron a operativizar de forma eficiente esta medida”, dijo la magistrada de la CSJ.

 

Agregó la doctora Méndez Pérez que los jueces de la circunscripción de Occidente le manifestaron que esta medida ha sido muy pertinente y positiva, para solventar la problemática de difícil acceso a la justicia para los usuarios en las zonas rurales del país.

 

Además, dijo la judicial, “todos los jueces Locales Penales y Locales Únicos de Nicaragua, ya fueron capacitados en temas de políticas de género, aplicando de forma transversal esta política social en sus fallos y resoluciones judiciales”.

 

La magistrada coordinadora de la circunscripción Occidental, destacó que la Corte Suprema de Justicia hace uso efectivo de su mandato constitucional de administrar justicia, al haber aprobado este acuerdo de Corte Plena con la finalidad de cumplir con los convenios internacionales de protección a la mujer ratificados por el Estado de Nicaragua, tales como la CEDAW y Belem Do Pará.

   

El Acuerdo se implementará de manera gradual y previo estudio de las necesidades, a partir del mes de agosto del presente año.