La judicial fundamentó la resolución sobre la base de lo acontecido en la tierna infancia de la niña, cuyo depredador fue su propio progenitor, “quien valiéndose de su grado de vulnerabilidad debido a su edad, mancilló su intimidad, quebrantó su inocencia y pudor”.

 

Al ser descubierto por la progenitora, el hechor provocó que instintivamente la indefensa víctima “corriera a salvaguardar su integridad física volviéndose un ovillo humano, recluida en una esquina de la casa sin permitir (por al menos tres años) que nadie la tocara…”

 

El efecto inmediato de la cruel experiencia vivida por la niña también se tradujo en llanto incontenible y desconsolado; por mucho tiempo en una manifiesta desconfianza hacia toda persona del sexo masculino que pretendiera acercársele. Ahora tiene 14 años y a través de su madre, expresó que no quiere saber ni tener absolutamente nada  con el convicto, como la pensión de alimentos a la que por ley tiene derecho dado que es menor de edad.

 

Aunque al hechor aún le quedan cuatro años para cumplir la pena, la madre de la niña teme por su seguridad y la de su hija, ya que no puede olvidar que al verse descubierto por ella en plena comisión del delito, el criminal salió huyendo, pero regresó al día siguiente para decirle que si lo denunciaba ante las autoridades “la haría picadillo, de forma que ni como salpicón la reconocerían”, agregando que “la cárcel no come”; que un día él iba a salir y que se atuviera a las consecuencias.

 

En mayo del año 2012, el aberrado sexual fue condenado a trece años de prisión en un juzgado de distrito penal de Managua, condena que cumplirá el 25 de enero del año 2024; pese a que apeló la sentencia, esta fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones.

 

Según la mamá de la niña, en aras de buscar el sustento diario y confiando en que la dejaba con su padre biológico, ella salía a lavar y planchar, sin sospechar que algo estaba pasando. “Como por tres meses la niña me pedía que no la dejara sola, yo le preguntaba que por qué me decía eso y me contestaba que por nada; cuando nuestros hijos e hijas nos hablan hay que oírlos”, aconsejó la mujer.

 

Recordó que al ver la aberración que el hombre estaba haciendo con su hija, lo agarró del pescuezo con intenciones de ahorcarlo, luego lo cargó a cachetadas, le estampó una paila en la cabeza y por último, agarró un machete y se lo “cruzó” en la espalda..

 

El despojo de la autoridad parental, equivale a perder los derechos y obligaciones que tiene un padre, madre o quien la ejerza en su ausencia, sobre la persona del hijo o la hija y sus bienes, siempre que sean niños, niñas o adolescentes; que no se hayan emancipado o sean mayores de edad declarados judicialmente incapaces.

 

Los doctores Luis Miguel Benavides y Leslie María José Larios, juez Séptimo y jueza Décimo Tercero de Distrito de Familia, respectivamente, aseguraron que la mayoría de las veces quienes reclaman la pérdida de la autoridad parental son las madres y casi siempre es porque los progenitores no asumen la manutención de sus hijos e hijas o la figura del padre ha estado ausente de sus vidas hasta por diez años consecutivos, incluso desde su  nacimiento.

 

No obstante, hicieron ver que la autoridad judicial debe apegarse a la letra del Código de Familia, que en su Artículo 295 establece que las causales de la pérdida de la autoridad parental del padre o la madre (o quien la ejerza en su ausencia), son: haber cometido delito un progenitor contra el otro o contra cualquiera de sus hijos o hijas; atentar contra su vida o integridad física y psíquica, y que haya condena judicial en su contra, como en este caso.

 

Asimismo, haber negado la paternidad o maternidad y tuvieran que reconocerla en virtud de resolución administrativa o fallo judicial; que el padre, la madre o quien ejerce la autoridad 

parental pongan en peligro la vida de sus hijos o hijas o le causen grave daño; o le sometan a maltratos físicos, psíquicos o morales que lesionen su integridad; que promuevan para beneficio propio o de una tercera persona su explotación laboral o sexual mediante tráfico, trata o pornografía, actos sexuales remunerados y turismo sexual infantil, entre otras.

 

En el primer semestre de este año, el Tribunal de Familia recibió 44 demandas de pérdida de la autoridad parental interpuestas contra igual número de hombres; y 78 de suspensión de la autoridad parental, acción judicial que --contraria a la primera-- puede ser revertida al cambiar las circunstancias que la motivaron.