En la reunión participaron los responsables de las oficinas de Apoyo Judicial y Procesal de los Complejo Judicial Central, Complejo Laboral en Nejapa y de Familia; cada uno expuso una lista de aspectos en los que se debe dar reforzamiento sobre los códigos de procedimiento y leyes, además de la atención al público.

 

Pdt. del Tam en reunión con responsables de apoyo judicial y procesal de distintas instancias de justicia de Managua y la secretaria general de IAEJ.

Según fue expuesto por responsables de Apoyo Judicial y Procesal, para un mejor empoderamiento de conocimientos legales y calidad en el manejo de las causas, es necesario un reforzamiento en la materia Procesal Civil, Laboral y de Familia, además redacción jurídica y lectura rápida.

El doctor Gerardo Rodríguez, apuntó que también es necesario capacitar a los funcionarios en Relaciones humanas y manejo de personal, ya que personalmente ha sabido de casos en que funcionarios faltos de consideración atrasan al usuario innecesariamente pues se ausentan de sus despachos aduciendo que “andan en la Corte”.

“Somos servidores públicos, por lo tanto la prioridad son los usuarios, esta es una cuestión de actitud y empatía; debemos corregir el ausentismo de algunos funcionarios y la insensibilidad con que tratan a veces a los usuarios”,  afirmó el magistrado presidente del TAM.

En el encuentro se realizó de forma preliminar una selección de candidatos para impartir los cursos, que posteriormente serán coordinados por el Instituto de Altos Estudios Judiciales

La doctora Carmenza Cajina Esquivel explicó que “Estas capacitaciones comenzarán en unos quince días, pues con el equipo docente antes debemos preparar los contenidos que vamos a impartir y después los responsables de área determinar quiénes serán los funcionarios que asistirán a los cursos”.

El magistrado Rodríguez Olivas señaló que aunque los funcionarios que participen en dichos cursos no deberán pagar ningún costo, la asistencia y puntualidad a los mismos es obligatoria, puesto que cada cupo significa una inversión que realiza el Poder Judicial en el fortalecimiento de sus conocimientos.