Escrito por Carlos Domingo Ferrey García
* “Aquí el pueblo puede tener más confianza de que se hará respetar los derechos de los trabajadores”, afirma usuario.
Muy sonriente al recibir finalmente el cheque de su liquidación, el señor Durley Heberto Núñez elogió la prontitud con que actuó el personal de los Juzgados de Ejecución de Embargos de Managua, para hacer efectivo el pago de sus prestaciones por parte de una empresa de seguridad privada.
“Trabajé cinco años para esa empresa de vigilancia y cuando puse mi renuncia ellos (la empresa) adujeron que sólo me iban a pagar 7,000 córdobas, porque según ellos yo había abandonado el trabajo injustificadamente, a pesar de que presenté mi renuncia en tiempo y forma, pero una comisionada de administración se negó a recibírmela”, narró el señor Heberto Núñez.
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| El señor el señor Durley Heberto Núñez recibe de manos del doctor Roger Salvador Alfaro Cortez, juez tercero ejecutor de embargos, el cheque por 23,234 córdobas que una empresa de vigilancia estaba pendiente a pagar. |
El demandante finalmente recibió de manos del juez tercero de Ejecución de Embargos de Managua, doctor Roger Salvador Alfaro Cortez, un cheque de 23,234 córdobas, producto del embargo ejecutado.
El señor Núñez afirmó que este tipo de problemas son muy comunes en empresas de vigilancia privada, en las que se aprovechan de desordenes administrativos e informalidades para evadir el pago de prestaciones y el seguro obligatorio a sus trabajadores. “Desde que firmé contrato con ellos hubo muchas irregularidades, inclusive pasé en esa empresa por más de 15 meses sin tener derecho a seguro social”, agregó.
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| “Mi niño de 5 años me acompañó varias ocasiones a los juzgados cuando venimos por este caso, él también está contento de que nos hicieran justicia”, afirmó el señor Heberto Núñez. |
Enhorabuena, el cheque recibido viene a mitigar las muchas necesidades del señor Durley Heberto Núñez, quien afirmó ser hijo único y responsable además de su anciana madre y su pequeño hijo de cinco años, el cual fue su acompañante durante la gestión realizada en las instancias judiciales.
A criterio del señor Núñez, el trabajo de los jueces de ejecución de embargos “es muy positivo, porque aquí el pueblo puede tener más confianza de que se hará respetar los derechos que tienen los trabajadores”.
Desde que la demanda fue interpuesta en primera instancia, hasta el resultado final que mandaba el pago de la liquidación y prestaciones atrasadas, el proceso judicial tuvo una duración de 7 meses, casos que antes del proceso oral en los Juzgados del Trabajo y la Seguridad Social podían tardar años en resolverse.
