Dr. Luis Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, afirmó que el Estado Nicaragüense tiene potestad para extraditar y enjuiciar al ex presidente de Fenifut.

 “Recordemos que se trata de un ciudadano nicaragüense, la fiscalía le imputa delitos cometidos en Nicaragua, en primer lugar está la competencia territorial por haberse cometido el delito en nuestro país y en segundo la competencia personal porque el acusado es nicaragüense”, explicó el magistrado Rodríguez Olivas.

El judicial explicó que los procesos penales de extradición se basan en tratados, donde el Estado declara su competencia para conocer del caso, por tanto el Estado Nicaragüense puede reclamar la extradición para que el ex presidente de Fenifut sea juzgado en nuestro país.

“Estados Unidos iba a solicitar su extradición, pero hasta que exista formalmente un proceso penal o una acusación formal en un tribunal no pueden solicitarlo; recordemos que Rocha se encuentra detenido en Suiza bajo investigación, pero judicial y formalmente no se le han levantado cargos”, declaró el presidente del TAM.
 
Campaña para deslegitimar
Para Rodríguez Olivas el Estado al que se solicita la extradición es el que puede decidir si entrega o no a Rocha, ya que en Derecho Internacional la concesión o no de la extradición depende exclusivamente de la voluntad del Estado requerido, no de un tercero. 

“Desde el punto de vista del Derecho Internacional nunca se ha visto que un tercero tenga potestad de conceder o no una extradición”, dijo el magistrado.

Rodríguez defendió la eficiencia del Sistema de Justicia Nicaragüense en el abordaje de delitos como el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito.

“Hay sectores que siempre quieren convertir los juicios en algo político, para tratar de empañar la imagen del Poder Judicial y desacreditar al Estado Nicaragüense, que si el Estado acusa porque acusa y si no acusa también es problema”, dijo Rodríguez Olivas.

El judicial destacó el trabajo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que ha sido siempre vanguardia en la persecución de ese tipo de delitos, al punto de aparecer nuestro país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) fuera de la “zona gris”, es decir fuera de la lista de países que representan un riesgo en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.