Escrito por Edwin Lenin Urbina Muñoz
* Afirma doctora Ana Xochilt Fonseca Laguna, juez de distrito penal especializado en violencia de Granada.
Desde la entrada en vigencia de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres --el 22 de junio del año pasado— las victimas se han visibilizado, afirmó la doctora Ana Xochilt Fonseca Laguna, juez de distrito penal especializado en Violencia del departamento de Granada.
“Antes de la Ley 779 nadie se acordaba de la víctima, en cambio con esta nueva norma se visibiliza a la mujer como un sujeto procesal al cual se debe brindar protección y seguridad, lo que le permite romper con el círculo de la violencia”, expresó la judicial.
La doctora Fonseca Laguna manifestó que desde su nombramiento --el 11 de marzo recién pasado-- ha comprobado que el delito más frecuente en ese departamento es el incumplimiento de los deberes alimentarios.
“Este tipo de delito no sólo refleja la falta de responsabilidad paterna, sino también la extensión de la violencia hacia las mujeres, porque existen hombres que en represalia a la mujer incumplen con el deber de alimentar a sus hijos”, explicó la jueza.
Mujeres empoderadas
Según estadísticas brindadas por la judicial, desde el mes de marzo a mayo del año en curso, en esa judicatura han ingresado 89 causas.
De ese total, 33 expedientes están en proceso, 19 se han resuelto con la suspensión condicional de la persecución penal. También se han realizado 20 clausuras anticipadas, de ellas siete originadas por incumplimiento de los deberes alimentarios.
Asimismo se han emitido once fallos de culpabilidad, dos expedientes enviados a ejecución y vigilancia penitenciaria y dos regresados al juzgado local por falta de competencia.
“Los casos de violencia se han aumentado porque las mujeres están más empoderadas, ellas sienten un verdadero respaldo y una protección integral de parte del sistema de justicia”, dijo la doctora Fonseca Laguna.
Antes de administrar justicia, la doctora Fonseca Laguna laboró por diez años como defensora pública de Managua, siendo su ascenso una muestra del cumplimiento de la Ley de Carrera Judicial, Ley 501.
“Esta nueva etapa de mi vida profesional constituye todo un reto, es un “cambio de caset” porque implica velar por los derechos de las partes procesales, víctimas y victimarios”, expresó la judicial.
