Nuestro compromiso es seguir brindando el servicio, consolidarlo, densificarlo y ampliarlo, el que a través de los años ha constituido y constituye el mejor servicio de acceso a la justicia que tiene Nicaragua, para ello cuenta con un equipo técnico eficiente y con vocación de servicio.Para garantizar la auto sostenibilidad del servicio se cuenta con un presupuesto de la República, gobiernos locales y otras fuentes.

Al primer trimestre del año 2023 el Servicio cuenta con una red de 6,710 facilitadores judiciales, quienes brindan servicios de acceso a la justicia en todo el territorio nacional, de esta manera se garantiza la paz social, armonía, seguridad ciudadana y favorecen que las actividades económicas se desarrollen en un clima favorable.

Ampliar el servicio participativo de acceso a la justicia en todo el territorio nicaragüense haciéndolo auto sostenible y más operativo.

En marzo de 1997 el Gobierno de la República de Nicaragua solicitó al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) un programa de colaboración técnica, con el objeto de apoyar el proceso de paz y democracia que afianzara el Estado de derecho a través del fortalecimiento institucional. Esta solicitud dio como resultado la suscripción de un Convenio de cooperación con la OEA, que tuvo el auspicio de la Agencia Sueca de Cooperación, ASDI.

El Servicio de Facilitadores Judiciales surgió a finales de los años noventa como un mecanismo de apoyo para los jueces locales, especialmente en las comunidades más aisladas de Nicaragua. El servicio fue establecido para ayudar a los jueces locales a efectuar algunos trámites que se les dificultaban realizar, debido a que muchos juzgados atendían varios municipios, contaban con poco personal y el mal estado de los caminos obstaculizaba el traslado de las personas hacia los juzgados; además del alto nivel de inseguridad de la zona, lo que traía como consecuencia altos niveles de impunidad.

De esta manera los facilitadores se convirtieron en un mecanismo eficaz para auxiliar a los jueces en diversas tareas, lo cual le mostró a la población que el facilitador era un puente entre ambas partes. Valorando el avance obtenido por el Programa en materia de acceso a justicia, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la OEA suscribieron un acuerdo marco en marzo del año 2002 a fin de consolidar el proceso.También es importante resaltar que en el año 2004 el programa de facilitadores judiciales inicia un proceso de apoyo y fortalecimiento al derecho consuetudinario en las regiones autónomas.

Producto del cumplimiento de los resultados propuestos y el impacto obtenido, la CSJ decidió en el marco del Plan Nacional de Justicia 2007-2011 convertir este programa en un Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales que brinde asistencia en todo el país y que sea operado, administrado y ejecutado por sus órganos regulares, así como financiado con recursos que provengan de fuentes nicaragüenses más la cooperación externa.

Durante el año 2022 las y los facilitadores judiciales prestaron un total de 199,555 servicios de acceso a la justicia y prevención de conflictos, entre ellos; 66,061 asesoramientos; 20,695 acompañamientos; 11,828 casos remitidos a autoridad competente; 12,231 charlas a la población en diversos temas, 18,392 trámites orientados por los jueces y 33,561 mediaciones .