Gloria María Jaime Baltodano (de rojo) y Giovannia Torres (blusa floreada) representaron a los progenitores. Al centro, la jueza María de los Ángeles Soza

Ante la jueza Noveno de Distrito de Familia, María de los Ángeles Soza, los jóvenes reconocieron que el salario que devengan actualmente “no se corresponde con la realidad económica actual”; sin embargo, la joven insistía en mantener al niño en el mismo centro educativo, pagando casi 1,500 dólares al inicio del año.

El conflicto entre J.D.M.M y la madre de su hijo alcanzó su nivel más crítico, cuando ahogado por lo que considera un gasto excesivo, el joven demandó la reforma de una sentencia emitida hace cinco años, para que a partir del 2021 la elección del colegio sea consensuada y los aranceles asumidos en partes iguales con la madre del niño.

Sin tomar en cuenta el punto de vista del padre, a finales del año pasado A.P.S.H. pre matriculó a su hijo en el segundo nivel de preescolar en un colegio privado, que en concepto de aranceles cobra alrededor de 1,500 dólares, gasto que el demandante tuvo que asumir.

Con el alegato de que está obligado a garantizar la educación y el aprendizaje de un oficio o profesión del niño, como establece el Código de Familia, A.P.S.H. acusó al demandante de querer evadir su responsabilidad paterna, por negarse a asumir el pago requerido por el colegio y de que causarle daño económico a ella y al niño, al pretender cambiarle el nivel de vida al que está acostumbrado.

Durante el proceso, el demandante planteó su desacuerdo con el pago del 50 por ciento de la mensualidad de su hijo equivalente a 75 dólares, así como la necesidad de elegir un colegio más económico, porque a ese paso “los gastos de primaria, secundaria y universidad serán elevados” y no podría enfrentarlos.

J.D.M.M. propuso elegir un colegio “más cómodo” para que su hijo estudie en el 2021, pero A.P.S.H. replicó que si se elegía otro colegio privado, él debía asumir el cien por ciento del pago, lo que fue rechazado por el demandante dado que espera a su segundo hijo y debe ayudar económicamente a sus padres, uno de los cuales sufre invalidez de por vida.

Invitación a dialogar
La judicial invitó a la pareja a llegar a un avenimiento tomando en cuenta sus propias realidades, de manera que al final los progenitores acordaron reformar el fallo judicial en lo relativo a que el pago del 50% de los gastos de matrícula, pre matrícula, aranceles, uniformes y útiles escolares al inicio de cada año lectivo será asumido por ambos, así como que la decisión sobre el centro educativo (público o privado) donde vayan a ingresarlo, será tomada por consenso y no de forma unilateral.

“Está científicamente comprobado que el diálogo es la mejor solución a los conflictos, pero cuando las personas no tenemos esa capacidad se desencadenan casos como estos; para matricular a un hijo en un colegio privado, los padres deben hablar, tratando de conciliar sus salarios y las circunstancias”, dijo la judicial a modo de reflexión.

Después de reconocer que “esto llegó hasta aquí por falta de diálogo”, la demandada propugnó porque debido a las circunstancias y “para que el niño tenga un mejor bienestar”, de ahora en adelante las decisiones sobre su hijo las tomará en consenso con el padre.
Para J.D.M.M, la falta de diálogo fue lo que falló desde el principio entre ambos y por eso, “me quedo con la reflexión hecha por la judicial, de transmitirle a mi hijo la importancia del diálogo”.

Aseguró que conoce gente que está peor que él, pero estudia en universidades costosísimas, por lo cual andan prestando a medio mundo. “¿Por qué no estudiar en una universidad pública y esforzarse para ser un buen profesional?”, interrogó.

El joven enfatizó en que su posición no debía interpretarse como tacañería. “Si a un hijo se le da más de lo que necesita se le mal acostumbra y tenemos que saber que lo importante es tenerlo bien en la medida de nuestras posibilidades; eso le servirá en su crecimiento, así, cuando sea grande sabrá que lo que tiene es porque se lo ganó”, dijo.

Ante el cambio de postura de las partes, que adoptaron acuerdos que no violentan el interés del niño,la jueza Soza declaró la clausura anticipada del proceso y aprobó los compromisos adquiridos, al tiempo que les recomendó entenderse y escuchar siempre al otro.

El proceso se llevó casi un año para su resolución, porque en su desarrollo se produjeron una serie de atrasos no atribuidos a la judicatura, que para cumplir con el debido proceso  debió reprogramar audiencias en varias ocasiones.