La magistrada presidenta de la CSJ, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, en la reunión extraordinaria del CJCC, realizada en plataforma virtual, y el equipo de trabajo, compuesto por los doctores Martha Quezada, Ángela Rosa Acevedo, Adda Benicia Vanegas, Silvio Grijalva y Areli Méndez Varela.

Los magistrados aprobaron el Plan de Trabajo de la presidencia Pro Tempore 2022-2023, que incluye los Grupos Especializados de Trabajo (combate al delito, objetivos de desarrollo sostenible y justicia restaurativa, así como la continuación de los trabajos de la Comisión de Acceso a la Justicia y el Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe, como órganos auxiliares del Consejo).

De igual manera, aprobaron el Portal Web propuesto por la Presidencia Pro Tempore; tomaron conocimiento del diseño gráfico del documento integrado del Estatuto y el Reglamento del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, presentado por la Corte Suprema de Costa Rica.

Los magistrados aprobaron el informe del Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe; el Plan de Trabajo 2021-2023 de la Comisión Centroamericana y del Caribe de acceso a la justicia, y la activación del Grupo Especializado de Trabajo Justicia Abierta.

Con respecto al tema de Justicia Abierta, la doctora Ramos Vanegas propuso tomar en cuenta el documento de recomendaciones para la promoción de la Justicia Abierta en los Poderes Judiciales de Iberoamérica, aprobada en la XIX Cumbre Judicial del año 2018, celebrada en Quito, Ecuador.

Magistrados de Centroamérica en la reunión virtual extraordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, que se realizó la mañana del 10 de enero.

Entre otras recomendaciones se estableció que los principios que rigen la Justicia Abierta son: transparencia, participación ciudadana y colaboración para una administración de justicia cercana, confiable y efectiva, con el objetivo de promover la paz social.

La magistrada presidenta, precisó que “la Justicia Abierta debe considerar el respeto a la igualdad de género, la diversidad cultural, étnica y etaria; y la simplificación de los procedimientos, dentro del marco del Estado de Derecho. Por tanto, implica el estricto respeto a la independencia de los poderes judiciales y la cultura de cada pueblo”.

Comentó que no siempre se coincide en lo que son las buenas prácticas de la Justicia Abierta. Por ejemplo, dijo, para nosotros los Facilitadores Judiciales son una participación ciudadana y es claramente justicia abierta. Por eso, hay que tener en cuenta la definición de cómo debe entenderse la aplicación de Justicia Abierta.

Concluyó que hay que tener en cuenta todo ese marco que los Poderes Judiciales y Cortes Supremas de Justicia hemos hecho en el tema de Justicia Abierta y ver en qué medida los países de Centroamérica estamos cumpliendo y en qué medida podemos cumplir de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, idiosincrasia e independencia de cada uno de los Poderes de Estado, para que quedemos claro de cuáles son las reglas del juego.

Por Nicaragua también participaron las doctoras Ángela Rosa Acevedo, Secretaria Técnica de Género; las magistradas del Tribunal de Apelaciones de Managua doctoras Martha Quezada y Adda Benicia Vanegas; el doctor Silvio Grijalva Silva, asesor de la presidencia de la Corte Suprema y la licenciada Areli Méndez Varela, coordinadora de la Oficina Técnica para el seguimiento al sistema penal de adolescente (OTSPA).