La directora de la Defensoría, Dra. Clarisa Ibarra con los defensores públicos de Bilwi, Puerto Cabezas

El objetivo de estas capacitaciones es fortalecer las capacidades de las y los defensores públicos para la aplicación del protocolo, así como divulgar la existencia del mismo y crear conciencia entre defensores sobre la creación de la figura del defensor especializado en esta materia para brindar atención a los menores.

La licenciada Belinda Guevara Casaya, Coordinadora Nacional de Ejecución de la Pena y la licenciada Thelma Arévalo, Supervisora de la Defensoría, quienes impartieron el taller de capacitación a los defensores de esta región, hicieron hincapié en la importancia de apropiarse de este instrumento legal para atención de los menores víctimas.

La Lic. Belinda Casaya, Coordinadora Nacional de Ejecución de la Pena

Recientemente  el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ), aprobó un adendum relacionado con las funciones de las y los defensores públicos especializados en atención a menores víctimas de violencia sexual, aclarando que estos funcionarios pueden actuar como representantes o acusadores particulares  presentando escrito  adhiriéndose a la acusación  de la Fiscalía o presentando acusación  autónoma; o bien, acusando directamente cuando él o la fiscal decline hacerlo, señala el adendum.

La doctora Clarisa Indiana Ibarra Rivera, directora nacional de la Defensoría Pública, orientó que en todo el país se repliquen las capacitaciones relacionadas con el protocolo, a fin de que todos los funcionarios de la Defensoría tengan claridad del Decreto presidencial No. 25-20, aprobado el primero de octubre de 2020 y publicado en La Gaceta 182 del cinco de octubre del mismo año; así como del Acuerdo 110 del CNACJ del 23 de marzo del 2020 y los protocolos que corresponden a jueces y médicos forenses.

La Lic. Thelma Arévalo, Supervisora de la Defensoría Pública.

"En total son tres protocolos de actuación para atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, que son implementados por jueces, defensores públicos y médicos forenses; y el decreto presidencial 25-20 que es el decreto de aprobación del "Protocolo de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de Violencia Sexual", precisó la directora.

"El Estado de Nicaragua ha venido realizando esfuerzos sostenidos a fin de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir una vida libre de violencia, a través del cumplimiento del marco jurídico internacional de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, la legislación nacional y nosotros, como parte integrante del Poder Judicial, estamos involucrados en ese esfuerzo del Estado nicaragüense", aseguró la doctora Ibarra.

El protocolo que promueve la atención, protección especial reforzada y acompañamiento especializado a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, es implementado por los ministerios de Educación, Familia, Salud; Policía Nacional, Comisión Municipal de Niñez y Familia (CMNF), Ministerio Público y el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría Pública y el Instituto de Medicina Legal.