La directora nacional de la Defensoría Pública, Dra. Clarisa Indiana Ibarra Rivera y las supervisoras Thelma Arévalo y Belinda Guevara y el Defensor delegado regional, José Alfredo Meza.

En ese sentido orientó a las supervisoras Thelma Arévalo Chamorro y Belinda Guevara Casaya, realizar supervisión directa y ordinaria entre los días 15 y 19 de mayo a los 15 defensores públicos de la Delegación de Puerto Cabezas.

La doctora Ibarra Rivera ordenó la revisión de 10 expedientes de manera aleatoria por defensor y defensora, procurando que la proporción entre expedientes activos fuese del 70 por ciento y los expedientes cerrados del 30 por ciento, debiendo así mismo revisar los inventarios de los mismos para verificar si coinciden con lo que han reportado como carga en sus informes estadísticos y si estos están actualizados.

De igual forma, orientó observar la participación e intervención de las y los defensores públicos en las audiencias orales programadas en los tribunales jurisdiccionales, tomando en cuenta la estrategia de defensa, asesorías jurídicas, fundamentación de los alegatos orales y escritos, manejo de destrezas orales, trato a usuarios, manejo de las relaciones interpersonales con los operadores del sistema de justicia e implementación de la directriz para la admisión de hechos.

Defensoras y defensores públicos de Bilwi, Puerto Cabezas.

Además, la supervisión incluye la verificación de procedimientos administrativos, como organización y distribución del trabajo, recolección de información, custodia y resguardo de expedientes, condiciones de trabajo en las delegaciones visitadas y la gestión de los responsables inmediatos, entre otras.

La doctora Ibarra Rivera dijo que la supervisión al trabajo de las y los defensores tiene que ver con la seguridad jurídica de los usuarios, porque está relacionada con la estrategia de defensa pública y con el desempeño de los defensores en sus funciones.

“Esto tiene que ver con qué rol que juego yo como defensor público, cómo me desempeño en mi trabajo, qué estrategias de defensa desarrollo y cómo cumplo con las directrices jurídicas y las circulares administrativas”, precisó la doctora Ibarra Rivera al explicar la supervisión.

Concluyó recordando que “el defensor público debe siempre procurar el acceso a la justicia de los usuarios de la Defensoría Pública, mediante la debida protección de los derechos e intereses de las y los usuarios, así como el irrestricto ejercicio de las garantías constitucionales”.