Durante el reconocimiento judicial practicado por la jueza Noveno de Distrito de Familia, doctora María de los Ángeles Soza (al centro, de gorra), menudearon las quejas y acusaciones de los hijos contra el padre o la madre.

La jueza Novena de Distrito de Familia, doctora María de los Ángeles Soza, basó su decisión en el Artículo 73 de la Constitución Política, que en su segundo párrafo consigna que “los hijos a su vez están obligados a respetar y ayudar a sus padres”.

En febrero de este año la esposa del demandado, de 68 años, solicitó el divorcio unilateral y una pensión compensatoria del padre de sus hijos, todos mayores de edad, y aseguró que él se fue de la casa para vivir con otra mujer, causándole deterioro económico y una situación insostenible para sufragar los gastos de sus alimentos y sobrevivencia.

El demandado, de oficio técnico en refrigeración, contrademandó a su esposa y solicitó el uso y habitación de la casa en que el matrimonio convivió por muchos años. Sin embargo, poco después ambos desistieron de la pensión compensatoria y del lugar para vivir, pues ella reconoció que recibe una pensión de 5,964 córdobas en concepto de jubilación, y él, que no resistiría volver al infierno en el que se convirtió el domicilio.

“El señor no cuenta con una vivienda y es deber moral cuidar a sus progenitores adultos mayores y en estado de vulnerabilidad; sus hijos (incluido un oficial de policía) deben asumir el pago del alquiler de una vivienda de razón social, con un costo no mayor a cien dólares o su equivalente en córdobas, divididos en partes iguales a fin de que su padre tenga un lugar estable para residir de por vida”, consigna el considerando cinco del fallo emitido por la judicial.

La hostilidad se respiraba en el ambiente cuando la Dra. María de los Ángeles Soza realizó el reconocimiento judicial en la vivienda del demandante y el demandado.

Parte de los enseres personales del anciano estuvieron bajo llave, ya que según se quejó, la madre de sus hijos se los entregó hasta que la jueza lo ordenó.

Recordatorio
Además, delegó al oficial de policía que reciba el aporte de sus hermanos y garantice el cumplimiento de lo ordenado, realizando un contrato de arrendamiento de la vivienda conforme firmas de ambas partes.

Recordó a los hijos de la pareja, que el Artículo 167 de la Constitución Política establece que los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, instituciones y personas naturales y jurídicas afectadas.

En agosto pasado, la jueza Soza realizó un reconocimiento judicial en la propiedad en la que la ahora exesposa del adulto mayor habita con dos de sus hijas, y comprobó que la demandante posee la titularidad del lote de terreno porque le fue otorgado a ella por la Intendencia de la Propiedad.

“Existe un poco de hacinamiento sumado a los problemas que se han suscitado entre hermanos, hermanas, nietas/os y entre ambas partes”, anotó la jueza Soza, al valorar la precaria calidad de vida que el octogenario tendría de continuar bajo el mismo techo con su familia.

Durante los meses que se llevó la tramitación del proceso, la disfuncionalidad de la familia quedó al descubierto, porque las acusaciones sobre agresiones y ofensas sufridas eran mutuas y los hijos se colocaban en una suerte de bando, unos a favor de la madre y otros del padre.

Durante una audiencia el anciano tuvo que solicitar a la judicial que ordenara a la demandante la devolución de su moto, su cama, un freezer, la cocina, el tanque del gas y un carretón que ella no le permitió sacar del cuarto que ocupaba y aseguró que no quería estar en esa casa “viéndole la cara”, pues al lado de una de sus hijas y una nieta se siente cuidado, amado y respetado.